El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 12,749 contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para ofrecer servicios, producir, comercializar o entregar bienes respaldados por los comprobantes, lo que significa que realizan operaciones inexistentes.
A través del comunicado 570 fechado al 3 de diciembre de 2023, la Cámara de Senadores señaló que 2.63% desvirtuó las acusaciones que se les imputan, 95.8 por ciento ha sido definitivamente clasificado como empresas facturadoras de operaciones simuladas y sólo 2.16 por ciento de ellas aún espera una resolución.
Sobre este punto, el senador Rafael Espino de la Peña dijo que algunos de los contribuyentes antes señalados están no localizados y 2.6% desvirtuó las acusaciones en su contra; sin embargo, el 95.8% ha sido clasificado definitivamente como empresa facturadora y solo 2.16% espera resolución.
Adicionalmente, el senador explicó que existían alrededor de 10 mil 953 presuntas empresas que realizaban operaciones simuladas por un monto aproximado de 2 billones 739 mil millones de pesos, por ello se presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía y Unidad de Inteligencia Financiera.
Al respecto, también comentó que se debe agilizar y fortalecer la investigación y judicialización de los procesos relacionados con facturaras, para garantizar la integración eficiente de expedientes penales y una tramitación efectiva de los casos.
Asimismo, se pidió la publicación regular y accesible de información detallada sobre el número de procedimientos de fiscalización, casos judicializados, montos de evasión fiscal y cualquier indicador relevante contra dichas empresas, al tiempo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defina metas anuales sobre casos y montos de recaudación.
Espino de la Peña comentó que la SHCP debe asignar recursos humanos y materiales a los programas de fiscalización que identifican y sancionan a empresas factureras, y de forma simultánea, el Servicio de Administración tiene que diseñar un plan de acción “para asegurar la cobranza efectiva de los montos de impuestos omitidos como el ISR e IVA”.
Así como a realizar revisiones periódicas sobre la implementación de la normatividad sustantiva y adjetiva en materia fiscal, con el objetivo de identificar posibles lagunas o áreas de mejora que permitan una detección más eficiente de esquemas de evasión fiscal.
Finalmente, recomendó incentivos el fomento de la colaboración proactiva de las empresas en la identificación y denuncia de prácticas fraudulentas, así como promover una cultura de cumplimiento tributario.
