Cierto es que para aprovechar la tendencia del nearshoring es indispensable contar con condiciones propicias para la inversión; no obstante, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que los incentivos fiscales para impulsar la inversión directa, aunque promueven la generación de empleo, representan un gasto fiscal para las finanzas públicas.
Dado que los ingresos públicos han sido menores a lo estimado y el espacio fiscal ha tendido a la baja, planteó algunas consideraciones económicas y fiscales sobre estos estímulos.
En el documento "Incentivos para impulsar la inversión directa. Consideraciones fiscales y económicas", el CIEP refiere que, aunque no se publicó la estimación de renuncias recaudatorias de 2023, los estímulos fiscales para facilitar el nearshoring (relocalización industrial) reducirían los ingresos por ISR de grandes contribuyentes en sectores como energía, agricultura y manufactura, y que estas actividades representan el 23.8% de dicha recaudación sobre personas morales.
Además de estos incentivos es necesario que se consideren otros componentes relevantes para la atracción de la inversión extranjera directa como la infraestructura, la productividad laboral y el estado de derecho, entre otros. En ese sentido, México tiene desventajas comparadas con Estados Unidos, siendo este su principal socio comercial; y con China y Canadá, los principales socios comerciales del país vecino.
Aunque se espera que la inversión extranjera tenga un impacto positivo en el crecimiento económico, persisten dudas sobre su impacto en el nivel salarial de los empleos generados y en la economía local, el medio ambiente y las finanzas públicas.
Debido a que el espacio fiscal para 2024 se redujo a menos de la mitad, el margen de maniobra de los recursos para la implementación de política pública se ven limitados, y mayores incentivos fiscales podrían disminuir la recaudación por ISR.
