El Grupo Parlamentario del PAN se manifestó en contra de las reformas, señalándolas como una estrategia para acumular recurso
El Senado de la República aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025, que proyecta ingresos totales para la federación por 9.3 billones de pesos. La ley no contempla nuevos impuestos ni incrementos en los vigentes, según el dictamen enviado al Ejecutivo Federal tras su aprobación en lo general y en lo particular con 84 votos a favor y 36 en contra.
El documento prevé un crecimiento económico anual de entre 2.0% y 3.0%, un tipo de cambio promedio de 18.5 pesos por dólar y un precio estimado de 57.8 dólares por barril de petróleo.
Durante el debate, el Grupo Parlamentario de Morena destacó que la estimación económica refleja un mercado laboral sólido y una apuesta por la inversión pública y privada en regiones históricamente rezagadas.
En contraste, la oposición, representada por el PAN, PRI y MC, calificó las proyecciones como "irreales" y el presupuesto como insuficiente para garantizar un desarrollo equitativo.
Néstor Camarillo Medina, del PRI, lamentó que sólo el 10% del presupuesto se destine a infraestructura, mientras que Gustavo Sánchez Vázquez, del PAN, cuestionó el optimismo oficial, señalando que el crecimiento proyectado contrasta con los pronósticos más conservadores del Banco de México. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, defendió el proyecto como un reflejo de "sobriedad" en el gasto público.
Ley Federal de Derechos: transparencia y desarrollo
Además de la LIF 2025, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de garantizar la rectoría del Estado sobre recursos estratégicos, como agua y minerales, y promover la sostenibilidad. Con 80 votos a favor y 37 en contra, el proyecto se avaló en lo general, aunque las reservas para modificar diversos artículos fueron rechazadas.
Entre las principales reformas destaca el incremento en derechos relacionados con minería, servicios migratorios y turismo. Por ejemplo, el cobro por visitar áreas naturales protegidas se duplicará, lo que generó críticas por su impacto en el turismo, particularmente en Quintana Roo, donde se encuentran arrecifes y parques nacionales icónicos.
Homero Davis Castro, de Morena, subrayó que estas reformas buscan actualizar el marco jurídico para fomentar el bienestar social y la sostenibilidad, mientras que Cristina Ruíz Sandoval, del PRI, advirtió sobre la falta de transparencia en la asignación de ingresos derivados de derechos turísticos y migratorios. Según las proyecciones, los ingresos por derechos en 2025 alcanzarán los 374 mil millones de pesos, un aumento del 10.4% en términos reales respecto al año anterior.
Críticas del PAN: "Populismo fiscal de la 4T"
El Grupo Parlamentario del PAN se manifestó en contra de las reformas, señalándolas como una estrategia para acumular recursos sin garantizar su destino claro. La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón denunció que el proyecto favorece la "centralización" de recursos en la Tesorería de la Federación y retoma prácticas cuestionables como la "partida secreta".
Martínez Simón señaló incrementos específicos, como el 1% adicional en derechos mineros y el cobro duplicado en áreas protegidas como Tulum y Cozumel, afectando a destinos turísticos clave. Asimismo, criticó el aumento del 800% para turistas de cruceros, lo que calificó como un golpe a la economía local.
La senadora acusó que estos recursos, lejos de promover el desarrollo regional, serán destinados a proyectos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sin mecanismos claros de rendición de cuentas. “¿Le preguntaron al pueblo de Mahahual o Cozumel si están de acuerdo con estos aumentos? No”, concluyó.
Con estas reformas, el Senado busca garantizar ingresos estratégicos para 2025, aunque persisten dudas sobre su impacto en el turismo, la inversión y la transparencia. Ley de Ingresos de la Federación y Ley Federal de Derechos serán temas clave en la agenda económica y política del próximo año.
