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Conseguir la justicia fiscal para todos los sectores de la población es una meta a cumplir en el año 2045
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) publicó el diagnóstico y visión de largo plazo que forman parte de su Programa Institucional 2025-2030. En este documento se reconoce que el acceso a la justicia fiscal en el orden federal aún no está garantizado para todas las personas contribuyentes, lo que limita el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y debilita la impartición de justicia en el país.
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Panorama fiscal para los contribuyentes en México
El diagnóstico parte de los principios del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece como objetivos centrales la gobernanza con justicia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
Bajo esta perspectiva, la PRODECON reafirma que su función primordial consiste en democratizar el acceso a la justicia fiscal, en particular para los sectores en situación de vulnerabilidad como asalariados, comunidades indígenas, personas jubiladas, jóvenes y micro, pequeñas y medianas empresas.
El análisis señala que el sistema fiscal federal se caracteriza por un marco legal complejo y en constante modificación, lo que genera incertidumbre y conflictos entre autoridades fiscales y contribuyentes.
Aunque se han impulsado reformas importantes en los últimos años, como la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) o la obligación de inscripción al RFC desde los 18 años, persisten problemas estructurales. Entre ellos se encuentran la escasa cultura contributiva, la falta de asesoría profesional asequible y el desconocimiento generalizado de derechos y obligaciones fiscales.
Por ello, la PRODECON destaca que estas condiciones se traducen en altos costos económicos y sociales. Muchas personas no pueden acceder a servicios privados de defensa legal, mientras que la complejidad del sistema y la gran cantidad de trámites reducen la capacidad de la ciudadanía para ejercer adecuadamente sus derechos. Esto afecta no solo a los contribuyentes, sino también a la recaudación y, en consecuencia, a la capacidad del Estado para financiar políticas de desarrollo.
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Estrategias para garantizar la justicia fiscal y fortalecer la cultura contributiva
Frente a este panorama, el Programa Institucional 2025-2030 propone un objetivo central: garantizar el acceso a la justicia fiscal en el orden federal para todas las personas contribuyentes que soliciten los servicios de la PRODECON. Para lograrlo, el organismo plantea tres estrategias principales.
La primera busca asegurar que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos fiscales pueda acceder, sin costo, a servicios de asesoría, representación y defensa legal, así como a mecanismos alternativos de solución de controversias, como quejas y acuerdos conclusivos. Con ello se pretende evitar que la justicia sea un privilegio exclusivo de quienes pueden costear servicios privados.
La segunda estrategia se centra en la construcción de un sistema fiscal más justo, equitativo y simple. Para ello, la PRODECON realizará estudios técnicos que identifiquen problemas normativos y emitan propuestas de reforma. La meta es eliminar privilegios, reducir la complejidad y garantizar que las disposiciones tributarias sean comprensibles para la población en general.
La tercera se orienta a impulsar una cultura contributiva más sólida, mediante programas de capacitación, difusión y profesionalización. Estas acciones están dirigidas tanto a contribuyentes en general como a especialistas en la materia, con el fin de ampliar el conocimiento sobre las obligaciones y derechos fiscales, así como los mecanismos de defensa disponibles. Este esfuerzo educativo se concibe como un medio para fortalecer la participación ciudadana y fomentar una auténtica democracia fiscal.
Un sistema fiscal justo y sostenible hacia 2045
El Programa Institucional también establece una visión con horizonte al año 2045. La PRODECON prevé consolidarse como un organismo que, además de brindar servicios gratuitos y de calidad, contribuya de manera decisiva a la construcción de un sistema fiscal sostenible, estable y democrático.
Este modelo buscará que el acceso a la justicia tributaria no dependa de la condición económica de cada persona, sino que sea un derecho garantizado para toda la población.
En esta ruta de largo plazo, el organismo se compromete a participar activamente en la digitalización y simplificación de trámites, reduciendo tiempos, costos y requisitos para los contribuyentes. Asimismo, plantea continuar con la elaboración de estudios de carácter técnico que permitan sugerir mejoras al marco normativo y contribuir a la eficiencia recaudatoria sin sacrificar justicia ni equidad.
La visión también contempla la expansión de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Herramientas como las quejas y los acuerdos conclusivos seguirán fortaleciendo la relación entre autoridades y contribuyentes, al tiempo que evitan litigios prolongados y costosos. Con ello, se busca generar confianza en las instituciones y mejorar las condiciones para la inversión productiva en México.
De acuerdo con el documento, al llegar al año 2045 el país debería contar con un sistema tributario más simple y equitativo, donde el conocimiento de derechos y obligaciones fiscales no se limite a un grupo reducido de especialistas y donde la justicia fiscal se ejerza como un derecho universal. Con esta perspectiva, la PRODECON pretende ser un actor clave en la construcción de un México más justo, democrático y próspero.
