Reforma a la Ley de Amparo pone fin a suspensiones
automáticas en créditos fiscales

La armonización de las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial incluyó modificaciones relevantes en materia fiscal. El eje central es limitar el uso del juicio de amparo como un recurso dilatorio para frenar el cobro de créditos firmes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con la propuesta, los contribuyentes ya no podrán obtener suspensiones de manera automática frente a créditos fiscales ni en casos de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Para conseguirlo, deben garantizar el monto reclamado mediante depósitos en efectivo, cartas de crédito o bienes con valor suficiente.

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Leyes secundarias para afinar la Reforma judicial

Durante la presentación de la iniciativa en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, explicó que el objetivo es armonizar las leyes secundarias con los cambios constitucionales y, en este marco, se buscó atender prácticas abusivas en materia de amparo.

“Para que se le otorgue la suspensión provisional, tiene que presentar una garantía y la garantía que se está proponiendo en la reforma es un billete de depósito o una carta de crédito otorgada por bancos”, señaló  Ernestina Godoy.

Por su parte, el exministro Arturo Zaldívar detalló los alcances de la reforma a la Ley de Amparo en donde mencionó que en la práctica, las suspensiones provisionales permitían a empresas y personas físicas congelar los actos de la autoridad durante años, aun cuando existieran créditos fiscales firmes.

“La iniciativa no está limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales, lo que sucede después de un largo camino, cuando la Corte establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, ¿qué sucede? muchos deudores fiscales promueven amparos, juicios de nulidad, recursos administrativos para no pagar”, mencionó Zaldívar.

Añadió que con los cambios se busca que los juicios se resuelvan en plazos más cortos, de alrededor de seis meses en materia fiscal, con lo cual se pretende equilibrar la defensa de los contribuyentes y la eficacia de la hacienda pública.

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Garantías y límites a suspensiones en el pago de créditos fiscales

Uno de los cambios más significativos consiste en que la suspensión de los actos de autoridad no se otorgará si el crédito fiscal es firme, salvo que el contribuyente presente una garantía suficiente. Esta medida pretende evitar que las suspensiones automáticas funcionen como un escudo para prolongar litigios sin pagar al fisco.

Debate sobre derechos de contribuyentes

En la ronda de preguntas, la consejera jurídica reiteró que la reforma no elimina el acceso al amparo, sino que ajusta los supuestos en los que procede la suspensión, esto para evitar es el abuso de figuras jurídicas que terminan por afectar la recaudación y, en consecuencia, los programas públicos.

Más adelante insistió en que los cambios no implican retroceso en derechos humanos, sino una adecuación necesaria para impedir prácticas que obstaculicen a la autoridad hacendaria.

Con la eliminación de las suspensiones automáticas, los contribuyentes deberán contar con liquidez o instrumentos financieros para garantizar los créditos si desean litigar. Esto representa un reto particular para empresas con procesos abiertos de fiscalización.

En el plano económico, se espera que la reforma fortalezca la capacidad del SAT para hacer efectivos los créditos fiscales sin largos periodos de espera. Al mismo tiempo, obligará a las empresas a evaluar el costo de litigar frente a la obligación de garantizar los montos reclamados.

La reforma a la Ley de Amparo en materia fiscal plantea un cambio relevante en la relación entre autoridades y contribuyentes. La eliminación de suspensiones automáticas y la exigencia de garantías buscan frenar los abusos que han permitido diferir durante años el pago de créditos al fisco.

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