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El nuevo marco antilavado redefine obligaciones a empresas para avanzar en el monitoreo y reducir riesgos en operaciones financieras
México entró en una etapa de rediseño regulatorio que presiona a empresas, fintechs e instituciones financieras a adoptar modelos avanzados de cumplimiento. El nuevo enfoque antilavado combina medidas tecnológicas, auditorías externas y monitoreo automatizado para responder al crecimiento de esquemas ilícitos como el uso de cuentas mulas y las operaciones disfrazadas de transacciones legítimas.
De acuerdo con los datos compartidos, el uso de cuentas mulas se multiplicó en los últimos años, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueos y congelamientos de montos relevantes ligados a operaciones sospechosas. Para el sector empresarial, la pauta es clara: la regulación ha entrado en una fase de rigor tecnológico que obliga a transformar procesos internos y esquemas de verificación.
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¿Por qué México endureció su política antilavado?
El contexto financiero reveló una actividad creciente de operaciones vinculadas a flujos ilícitos. El uso de personas reclutadas para introducir dinero al sistema conocidas como cuentas mulas se incrementó significativamente en años recientes, lo que elevó el riesgo sistémico para instituciones y empresas que procesan transacciones electrónicas. Además, la UIF mantuvo bloqueos de miles de cuentas y congelamientos de recursos asociados con actividades inusuales, reforzando la urgencia de vigilancia preventiva.
Por ello, las autoridades incrementaron también las sanciones a instituciones por fallas en sus modelos de prevención. Multas acumuladas en un solo periodo evidencian que los sistemas tradicionales ya no resultan suficientes para detectar patrones complejos o flujos ilícitos que se mezclan con operaciones regulares.
En un entorno donde se expanden el comercio electrónico, las criptomonedas y los servicios digitales, cualquier empresa puede convertirse involuntariamente en un canal para ocultar fondos, lo que exige una revisión profunda de su capacidad de verificación y trazabilidad.
Ante la sofisticación de mecanismos de ocultamiento obliga a incorporar herramientas de análisis avanzado, identificación biométrica y monitoreo continuo para anticipar riesgos antes de que las irregularidades afecten la integridad del sistema financiero o la reputación de las empresas.
Combate al lavado ¿qué cambia para empresas y fintechs?
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita coloca nuevos estándares que transforman por completo las obligaciones corporativas. Entre los elementos centrales que deberán adoptar las entidades se encuentran:
- Elaboración de manuales internos de prevención con enfoque personalizado según el modelo de negocio.
- Designación de un oficial de cumplimiento registrado ante la autoridad competente.
- Implementación de sistemas automatizados de monitoreo capaces de detectar patrones irregulares en tiempo real.
- Verificación reforzada del beneficiario final y protocolos de seguimiento
para operaciones con personas políticamente expuestas.
- Auditorías externas independientes para evaluar la eficacia de los controles internos.
El objetivo es alinear a México con estándares internacionales y reducir la brecha tecnológica frente a jurisdicciones más avanzadas, promoviendo una cultura de cumplimiento basada en riesgo y con herramientas de análisis avanzado como eje operativo. La medida también pretende uniformar criterios de transparencia y trazabilidad entre distintos sectores que hoy operan bajo esquemas digitales, financieros o comerciales.
IA y verificación avanzada: la nueva columna vertebral del cumplimiento
La inteligencia artificial se convirtió en un componente indispensable para la detección temprana de operaciones sospechosas, pues la tecnología de análisis predictivo permite identificar patrones anómalos que no suelen ser visibles mediante revisión manual o controles tradicionales. De esta manera, la automatización reduce fricciones, disminuye errores humanos y fortalece la capacidad de respuesta de las entidades.
Herramientas como KYC, KYB, monitoreo de transacciones y sistemas AML permiten centralizar procesos de verificación y evitar fraudes asociados con identidades falsas o líneas de transacción irregulares. Una de las innovaciones más destacadas es la verificación no documental, que valida la identidad de una persona mediante métodos biométricos, preguntas dinámicas o cruces de bases de datos sin necesidad de documentos físicos. Esto agiliza el registro de usuarios y fortalece la detección de suplantaciones.
Por esta razón, los especialistas coinciden en que la tecnología es determinante para cumplir con la regulación y garantizar confianza en el mercado. La verificación automatizada acelera procesos internos, permite una mejor trazabilidad y reduce costos operativos derivados de auditorías, revisiones y sanciones correctivas.
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