La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la cuota y “no impuesto” del 2% establecida en el Código Fiscal de la Ciudad de México aplicable a las comisiones que cobran las plataformas de reparto de alimentos y paquetería. El Pleno determinó que este cobro constituye un aprovechamiento derivado del uso y explotación de la infraestructura capitalina y no un impuesto o derecho sujeto a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que definió el marco jurídico para resolver la impugnación presentada por diversas empresas tecnológicas.
Además, la Corte confirmó que la norma prohíbe expresamente trasladar el pago a usuarios finales, repartidores o comercios, con lo que garantiza que el impacto económico recaiga exclusivamente en los intermediarios digitales que desarrollan actividades intensivas en el espacio público.
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La Corte determinó que el cobro es un aprovechamiento y no un impuesto
En su análisis, el Pleno partió de la normativa adoptada por la Ciudad de México, que clasificó el pago como un aprovechamiento relacionado con el uso de calles, vialidades y demás bienes de dominio público.
La interpretación fue confirmada durante la discusión del Amparo en Revisión 681/2022, donde se enfatizó que los aprovechamientos constituyen ingresos no tributarios que permiten compensar el desgaste causado por actividades económicas que dependen funcionalmente de la infraestructura urbana.
De esta manera, la mayoría de los magistrados coincidió en que la naturaleza jurídica del cobro justifica que no se aplique el estándar de proporcionalidad propio de los impuestos, ya que el fin compensatorio responde a un diseño diferente dentro del régimen hacendario local.
El Pleno destacó que la operación de plataformas de reparto implica un uso intensivo y sistemático de la infraestructura capitalina, lo que permite al legislador local establecer un mecanismo dirigido a quienes obtienen beneficios económicos directos de esa explotación.
Esta posición descartó la argumentación de las empresas que sostenían que el cobro era en realidad un impuesto encubierto. No obstante, los ministros Espinosa Betanzo, Figueroa Mejía y la ministra Ortiz Ahlf coincidieron que el proyecto no aclara que el pago de aprovechamiento no tiene claridad, y pone sobre la mesa que se trata de un impuesto ya que toma de base el cobro sobre la riqueza de la acción, sin anteponer la justificación del desgaste de la infraestructura urbana, aunque la ministra sí voto a favor de no conceder el amparo a la plataforma digital de reparto.
¿Quién pagará la nueva comisión de uso de plataformas digitales de reparto y movilidad?
Uno de los elementos centrales de la sentencia es la prohibición expresa de trasladar el pago del aprovechamiento a quienes utilizan o colaboran con las plataformas digitales.
En el comunicado que emitió la SCJN precisó que ni usuarios, ni repartidores, ni oferentes de bienes pueden ser afectados con incrementos derivados de la cuota. El Pleno consideró que esta restricción garantiza que la carga económica no recaiga en quienes se encuentran en una situación más vulnerable dentro del ecosistema de reparto, especialmente tratándose de personas trabajadoras independientes cuya remuneración depende de las tarifas establecidas por las empresas intermediarias.
En la deliberación, se reconoció que el modelo de plataformas distribuye roles diferenciados entre empresas, repartidores y comercios, por lo que la medida legislativa debía preservar esta estructura sin introducir costos adicionales a quienes no son titulares de la actividad económica principal. La Corte concluyó que la regulación local cumplió con este objetivo al imponer el pago únicamente a los intermediarios que controlan las comisiones y que concentran las ganancias generadas por la operación del servicio.
Fin compensatorio y relación con el derecho a la movilidad
El Pleno sostuvo que los recursos recaudados pueden destinarse preferentemente a acciones vinculadas con la infraestructura pública de la ciudad. Esta posibilidad responde a la finalidad compensatoria del aprovechamiento, pues el uso constante de vialidades, calles y espacios públicos por parte de los servicios de reparto genera un desgaste que debe ser atendido mediante mecanismos adecuados de mantenimiento y mejora.
Conforme al análisis del proyecto, la medida contribuye a fortalecer el derecho a la movilidad al privilegiar entornos urbanos más seguros, accesibles y funcionales. Por esta razón, se reconoció que el aprovechamiento no constituye un tributo general sino un ingreso específico derivado del uso de bienes de dominio público, lo que permite orientar su recaudación a políticas públicas directamente relacionadas con la infraestructura afectada. La determinación del Pleno cierra el debate jurídico iniciado por la plataforma Uber que cuestionó el artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México.
