El monto acumulado de estas operaciones simuladas es de 396,493 mdp desde 2010
México, (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó alrededor de 3,000 millones de pesos como resultado de la publicación de listas definitivas de empresas que facturan operaciones inexistentes, acción que permitió la aprehensión de tres personas por el delito de defraudación fiscal -tanto para quien compra las facturas como para quien las emite, y las penas van desde tres meses a seis años de prisión-.
Con la nueva atribución que le dio la reforma fiscal para publicar estas listas a partir de 2014, a la fecha el SAT comprobó en definitiva que 367 empresas facturaron operaciones simuladas por 215,518 millones de pesos, en beneficio de 23,956 empresas.
El administrador general de Auditoría Fiscal del SAT, José Genaro Ernesto Luna Vargas, refirió que de 2010 al primer semestre de 2015, el SAT identificó a 1,557 empresas que emiten facturas, las cuales lo hicieron por un total de 501,581 millones de pesos.
En ese sentido, estimó que si el monto facturado fuera por operaciones inexistentes, el daño al fisco sería de 118,948 millones de pesos por concepto de ISR y de 63,439 millones de pesos para efectos del IVA.
Con base en el Artículo 69 B del CFF, el SAT a la fecha publicó un total de 19 listados con 831 contribuyentes que se presume o en definitiva emiten facturas apócrifas que amparan operaciones simuladas o inexistentes.
De acuerdo con el funcionario, se identificó que estas facturadoras están vinculadas con 54,200 empresas que se benefician de este esquema de evasión, al utilizar facturas apócrifas para comprobar gastos sin haberlos realizados y deducir este tipo de operaciones inexistentes.
El administrador general de Auditoría Fiscal del SAT informó que el monto acumulado de estas operaciones simuladas es de 396, 493 millones de pesos, de 2010 al primer semestre del presente año.
Luna Vargas precisó que de estos 831 contribuyentes, el organismo ya publicó también listados definitivos con 367 que expidieron facturas apócrifas y tuvieron operaciones con 23,856 empresas por un monto de 215,518 millones de pesos.
“Operación Carrusel”
Expuso que este esquema de evasión conocido como “operación carrusel” le provoca un fuerte daño al erario federal, pero que con la reforma fiscal se adicionó el artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual establece -como excepción a la reserva fiscal-, que el SAT publicará los datos de las empresas que se presume facturan operaciones inexistentes, con el objetivo de combatir este delito fiscal.
Por un lado, una empresa emisora de comprobantes fiscales, factura una supuesta enajenación de mercancías, bienes o servicios y, por otro, la empresa beneficiaria del esquema compra supuestamente el servicio o recibe los bienes.
Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Así, desde inicios de 2014, el SAT publica en su página de Internet y en el Diario Oficial las notificaciones a los contribuyentes que al parecer simulan operaciones y emiten facturas apócrifas; entonces tienen un plazo de 15 días para aclarar su situación y como máximo cinco días para que el organismo valore las pruebas y emita la resolución.
Posterior a esa fecha todavía hay un plazo de 30 días más para que el organismo resuelva y publique una relación definitiva de quienes no hayan desvirtuado las observaciones, al considerar que simularon operaciones y emitieron facturas sin efecto fiscal.
Para 2014, cuando el SAT ejerció su facultad de publicar listas de facturadoras de operaciones inexistentes, el monto fue de 60,213 millones de pesos, prácticamente la mitad respecto al año previo, y en el primer semestre de 2015, sólo hay operaciones por 1,201 millones de pesos.
Luna Vargas apuntó que esto muestra una tendencia a la baja, porque quizá las que realizan este tipo de fraudes se “mudan” a otro tipo de empresas u operaciones, pero también porque combatir este delito les cancela o revoca su certificado de sello digital, de manera que no puede seguir haciendo este tipo de operaciones.
