Respecto al uso de estructuras o empresas constituidas en países conocidos como “paraísos fiscales”, el SAT precisó que revisará los casos que sean procedentes, siempre que se trate de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.
Enfatizó que la información publicada en diferentes medios se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, para valorar si existen elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
El Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, firmado en 2014 por diversos países en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE, que entrará en vigor a partir de 2017, permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales.
Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, pero no hará pública la información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Además el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
