México se encuentra dentro de los países con mayor pérdida por fuga de capitales junto a Brasil y Costa Rica, con una cantidad que asciende a casi 54,000 millones de dólares al año, por lo que expertos coincidieron en que se deben definir sanciones y nuevas medidas a nivel global para evitar la evasión de impuestos.
El problema de erosión fiscal que existe en América Latina se debe principalmente a los paraísos fiscales; espacios jurídicos que son un tema tan viejo que se asume, consideró Oscar Ugarteche de Observatorio Económico Latinoamericano.
Este recurso se convirtió en el trampolín natural para crecer la banca multinacional, mientras que, los grandes promotores son las empresas trasnacionales y la gran banca estadounidense.
Por su parte, el jefe de Unidad de Financiamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Esteban Pérez Caldentay, propuso una construcción de un sistema fiscal más justo que esté articulado a través de un principio: que las trasnacionales paguen lo justo donde realizan actividad económica.
Refirió que al tema fiscal a veces se le ve como algo técnico, lo cual genera que esté al margen de los intereses y de los mecanismos democráticos, pero en su esencia es un tema político.
Por otro lado, los tratados comerciales no ayudan a reducir la evasión fiscal por actuar de manera contraria, pues las empresas presionan para tener más facilidades tributarias, indicó el diputado Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la de Hacienda y Crédito Público.
Al dar a conocer que México pierde alrededor de 80,000 millones de pesos al año debido a la evasión fiscal, es necesario que a nivel global se definan sanciones a los países que no cumplen las reglas internacionales, e imponer una tasa de impuestos a los más ricos.
Finalmente para eliminar los riesgos de evasión fiscal a nivel global se integró un grupo de trabajo con los miembros del G-20, a fin de desarrollar un régimen multilateral que permita contrarrestar la erosión de la base gravable y desplazamiento de utilidades, mejor conocido como BEPS (por su siglas en inglés).
Esto, tras considerar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que la magnitud anual de los recursos que se pierden por las deficiencias jurídicas ronda los 240,000 millones de dólares, según el director del organismo en México, Roberto Martínez Yllescas.
