México, (Notimex).- El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) anticipó que un número importante de contribuyentes se amparará contra las auditorías electrónicas que el SAT iniciará en agosto.
La presidenta nacional del IMCP, Leticia Hervert Sáenz, explicó que una revisión electrónica puede llevarse a cabo si se detectó alguna irregularidad u omisión en la contabilidad y facturas electrónicas, lo cual será notificado a través de un correo electrónico con la invitación de que revise su Buzón Tributario; sin embargo, el aviso “no está cumpliendo con el principio constitucional de fundar y motivar ese acto de molestia”, con lo cual se respalda al amparo como medio de defensa.
Recordó que para interponer un amparo contra la verificación electrónica, al tener el correo en el Buzón Tributario, que será el primer acto de molestia, inicia a correr el plazo de 15 días para interponer el juicio contra los avisos y las revisiones digitales, debido a que estas disposiciones están en el CFF y no se pueden sobreponer a lo establecido en la Constitución mexicana.
En ese sentido, la dependencia estima realizar entre 7,000 y 10,000 revisiones electrónicas que se sumarán a los 25,000 cotejos tradicionales (visita domiciliaria o revisión de gabinete), las cuales se vieron rezagadas a razón de que aún existen amparos pendientes de resolución en temas del envío de la e-contabilidad y el Buzón Tributario.
Por ello, “creemos que el SAT, en aras de fiscalizar y de tener mayores recursos, porque ya estamos viendo cómo está el tema económico un poco complicado, sí va a haber más fiscalización con los contribuyentes (…) no obstante, si el SAT empieza a notificar las auditorías electrónicas a través del Buzón Tributario, abre la puerta para otro procedimiento de medio de defensa del contribuyente”.
Finalmente, lamentó el rechazo del Senado de la República a la “Ley tres de tres”, legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto pretendía hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés y fiscal de los funcionarios públicos. Tildó esta decisión como un motivo por el cual se espera una respuesta de la sociedad civil y exigencias de organismos internacionales con lo que México se comprometió a transparentar la función y el ejercicio del gasto público.
