El aumento de la inflación trae consecuencias sutiles o atroces, sobre todo en materia de recaudación. Las severas involucran una constante pérdida del poder adquisitivo que no puede compensarse con incrementos en los salarios.
Desde 2010 la inflación acumulada rebasó el 10%, en 2012 fue de un 12.26%, por ende la tarifa debió haberse actualizado a partir de 2013 con fundamento en el artículo 177, último párrafo de la LISR; contrario a lo procedente en la reforma fiscal de 2014 no se materializó y se señaló que las aplicables para las personas físicas mantendrían sus montos iguales a las de 2012, en atención al precepto 21, fracción I, numeral 6, inciso f) de la LIF 2013.
Bajo ese contexto, los individuos cuyos salarios aumentaron en atención a la inflación pagan más impuesto, al no haberse actualizado (desde 2006) los límites inferior y superior con los que se calcula el porcentaje a enterar del ISR a la autoridad hacendaria. A diferencia de las empresas que cubren el tributo en razón de una tasa fija del 30 %, sin importar el monto de sus ingresos.
Tal situación parece no ser desconocida por los legisladores, sin embargo, no han actualizado los montos descritos a la par de la inflación, con la consiguiente afectación a los asalariados (cubrirían más gravamen).
