SAT ya actúa vs empresas fantasma en Veracruz

De las 26 empresas señaladas por presunto desvío de recursos, 25 carecen de domicilio fiscal
 (Foto: Cuarto Oscuro)  (Foto: Redacción)

México (Notimex).- El SAT ya actúa en el caso de las empresas contratadas por el gobierno de Veracruz y señaladas como fantasmas, pues podría tratarse de un presunto desvío de recursos por más de 645 millones de pesos,  afirmó el titular del organismo recaudador, Aristóteles Núñez, con el análisis de una serie de hipótesis.

La dependencia fiscal dio a conocer que 25 de las 26 empresas contratadas por el gobierno de Veracruz no existen y sus operaciones podrían ser falsas, luego de ser señaladas como fantasmas en una investigación publicada por el portal de noticias Animal Político.

Núñez informó que ya concluyó la verificación física de estas 26 empresas tras el inicio de las investigaciones el 24 de mayo, sin señales o evidencias de 25 de ellas, pues carecen de domicilios fiscales.

 “Debemos reconocer y no olvidar que esta denuncia pública se hace hacia finales de mayo, es muy próxima la fecha a la que se reveló. Sin embargo, el SAT ya actuó y apenas estamos empezando con una serie de actos que permitan satisfacer las hipótesis de la ley” expresó el titular del SAT.

Si se trata de operaciones simuladas o inexistentes, se tiene que publicar la información de todos esos contribuyentes conforme al artículo 69 B del Código Fiscal, que se refiere a anular fiscalmente todas las operaciones.

En tanto, si se trata de contribuyentes que recibieron ingresos por ventas, producción, servicios o alguna actividad gravada, tienen que haber pagado sus impuestos.

“Si no pagaron sus impuestos y se puede configurar algún acto o alguna comisión de algún delito fiscal, tenemos que sancionarlos con lo que dice la ley; para poder llegar a ese grado tenemos que agotar los procedimientos cumpliendo todas las formalidades legales”, indicó.

Núñez dijo que entre las primeras sanciones estaría la cancelación del registro fiscal para que estas empresas ya no puedan emitir facturas, su inclusión en la “lista negra” de empresas no localizadas y el inicio de auditorías para comprobar si hay evasión fiscal, así como la congelación de cuentas bancarias.