Ley de Disciplina, para todo el país hasta octubre

La SHCP diseñó proyecto para NAICM que busca ser autofinanciable
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Las entidades federativas deben armonizar sus leyes a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios (LDF) con fecha límite a octubre de 2016, aunque la mayor parte de las obligaciones entran en vigor hasta 2017 y para los municipios en 2018.

La SHCP resaltó en su informe semanal del vocero, que la LDF llega en un momento en que las entidades y municipios cuentan con una mayor disponibilidad de recursos que los programados en el Presupuesto 2016, pues recibieron a julio de ese año un 6% más, equivalentes a 23,545 millones.

La obligatoriedad de dar curso a la aplicación de la LDF en los próximos meses toca a la Secretaría SHCP a través de la Unidad de Coordinación de entidades federativas a cargo de la C.P. Marcela Andrade. Este mismo año, Andrade deberá emitir el Registro Único de Deuda Pública y el reglamento para el Sistema de Alertas para un correcto funcionamiento de la Reforma, así como un límite al exceso de endeudamiento de estados y municipios.

NAICM, autofinanciable

De igual forma la SHCP presentó un acuerdo parte de la estrategia financiera que diseñó para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que busca ser autofinanciable para disminuir el impacto en las finanzas públicas.

El convenio firmado el pasado 27 de julio entre Nacional Financiera, la banca comercial y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) prevé dar acceso a proveedores y contratistas a un mecanismo financiero que incentive una mayor participación de empresas nacionales.

El acuerdo establece dos productos para:

Grandes proveedores: en el que NAFIN apoyará para cubrir hasta el 70% de la garantía para obtener una línea de crédito de la banca comercial –con tasas de 10-11% y plazos máximos de 42 meses- para capital de trabajo hasta por 50% del contrato formalizado con GACM.

Pequeñas y medianas empresas: a través del esquema “Cadenas Productivas” para el cobro de fracturas desde el banco comercial de su preferencia, lo que permite a los subproveedores tener disposición inmediata de recursos y requisitos mínimos de contratación sin costo.