México (Notimex).- Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron propuestas y solicitudes para que en 2017 se libere el precio de las gasolinas en todo el país, se aplique una deducción total de las prestaciones laborales y se descarte cualquier incremento de los impuestos especiales a bebidas y alimentos
Las propuestas fueron presentadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, debido a que la iniciativa del paquete económico 2017 propone diferir el derecho de acreditar y en su caso, devolver el IVA acreditado pagado en periodos preoperativos y hasta que termine su captación.
En ese sentido, el presidente de la Comisión Fiscal del CCE, Pablo Mendoza García, explicó que el tema inhibirá la inversión sin brindar certeza jurídica, por lo que consideró su derogación a razón de que un sistema impositivo debe promover el ingreso de capital productivo, generación de empleo y el ahorro.
Además el sector financiero coincidió con la propuesta de adelantar la liberalización del precio de los hidrocarburos de manera total en el país con el fin de evitar distorsión y la movilización de los consumidores hacia los estados donde el precio de venta de los combustibles pudiera ser menor.
A razón de lo anterior, el director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), José Carlos Femat Romero explicó que la liberación gradual puede provocar distorsiones en el mercado e incertidumbre de los precios -en regiones con más competencia requerirá esclarecer las zonas con precios libres y zonas con precios máximos-, contraviniendo con los intereses de fomento en la competencia e inversión en el mercado energético.
“Consideramos que la liberalización de precios, idealmente debería instrumentarse de manera total, es decir, que se busque una liberalización sin regiones”; de solo hacerlo en forma gradual dificultaría la toma de decisiones contractuales y comerciales, afectando la operación de las estaciones de servicio y a los consumidores.
En consecuencia, si se mantienen las actuales variables que determinan el precio (impuestos, costos de logística, almacenamiento y el tipo de cambio), “es probable que el mercado defina precios superiores a los actuales (…) por ello, solicitó establecer una regulación clara que otorgue certidumbre jurídica, antes de avanzar a un nuevo modelo en el que será el mercado el que fije los precios con base en la oferta y la demanda”.
Respecto a las prestaciones laborales, el organismo junto con los respectivos presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Humberto Portilla y Pedro Higuera coincidieron que estas deben de ser deducibles al 100% -ya que actualmente están limitadas al 53% o 47%- debido a que esa limitación restringe beneficios a los trabajadores y se incrementó entre 3% y 8% el costo laboral formal.
De acuerdo con un estudio de la Coparmex y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), se descubrió que los trabajadores más afectados por esta deducción parcial son los operativos y sindicalizados.
Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Joaquín Gándara Ruiz-Esparza coincidió con la derogación de dicha propuesta, pues “de ser aprobada, atenta de manera directa a la inversión privada, tanto nacional como extranjera y afecta al posibilidad de los inversionistas de poder juntar los recursos suficientes”.
De igual forma, organizaciones civiles como la Fundación Interamericana del Corazón Mexico y la Coalición ContraPESO, propusieron actualizar a la inflación los impuestos especiales que ya se aplican tanto a los cigarros, como a las bebidas azucaradas.
El representante del CCE señaló que el PEF 2017 no incluye nuevos impuestos ni alzas a los ya existentes; pero tampoco es “viable ni conveniente pensar en incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas o algunos alimentos” ya que este gravamen demostró no ser eficiente en la reducción de la obesidad.
