Por Carmen Luna
La política de repatriación de capitales anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto tiene el objeto de impulsar inversiones para aumentar la liquidez en el país en un entorno económico complicado; sin embargo, los únicos beneficiados serán los incumplidos con el fisco.
En línea con una tendencia mundial y en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el SAT tendrá que condonar impuestos a contribuyentes que repatrien sus capitales a México y los destinen a actividades productivas.
En ese sentido, el decreto indica que las personas físicas y morales que retornen su capital, pagarán una tasa preferencial de ISR de 8%, sin recargos por las omisiones del pago de impuestos del capital salido así como de los intereses generados en el extranjero.
Al respecto, el especialista jurídico, Luis Pérez de Acha, señaló que “estos decretos siempre han sido criticados. Se da un trato de privilegio a aquellos que resultaron incumplidos. El gobierno mexicano va por aquellos ingresos de personas físicas y morales que nunca pagaron impuestos (…) creo que aquí la ponderación de política pública va en el sentido de qué conviene más, cobrarles nada o cobrarles 8%. En términos fiscales medidas de este tipo son intrínsecamente injustas”.
Los recursos tendrán que invertirse en instrumentos bancarios, adquisición de bienes de activo fijo, investigación y desarrollo de tecnología, pago de pasivos que se contrajeron con partes independientes con anterioridad, pago de contribuciones, aprovechamientos, pago de sueldos y salarios derivados de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional.
El socio de impuestos y servicios legales de Andersen Tax & Legal Mexico, Manuel Toledo, dijo que “es bueno en virtud de que hay algo que puede ayudar al contribuyente para traer ese dinero e invertirlo en el país. El punto es, qué garantías le da el fisco mexicano a que ese contribuyente no sea cuestionado el día de mañana sobre la procedencia de ese recurso”.
Esto porque el decreto marca que los recursos que se repatrien no deben proceder de actividades ilícitas, pues la SHCP tiene facultades iniciar una investigación de la procedencia de los recursos.
"En los últimos sexenios cada que entra un ejecutivo viene una amnistía fiscal y parece un premio a los incumplidos porque no solo pagan de menos sino fuera de tiempo y así, estimulas al incumplimiento".
Aún falta que el SAT publique las reglas generales para este procedimiento y de acuerdo con Pérez de Acha, el éxito del programa se verá en las últimas semanas de la amnistía la cual será el 19 de julio de este año.
Con información de Expansión
