La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de parte del Ejecutivo federal que propone la creación de una Fiscalía General de la República, que sustituiría a la actual PGR, con el objetivo de fortalecer las funciones del ministerio público.
El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, turnó la propuesta a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Transparencia y Anticorrupción.
La iniciativa tiene el propósito de expedir una ley que reglamente la estructura y funciones de la Fiscalía General de la República (FGR), las facultades y obligaciones del ministerio público federal, de su titular, y de los servidores públicos que la integran, objetivos contenidos en los artículos 21 y 102 de la Constitución, precisó la Cámara baja en un comunicado.
Asimismo, establece que la FGR será autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que busca que la dependencia sea más moderna e independiente, a fin de que lleve “a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio” en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos.
El documento propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales en el sistema de procuración de justicia federal: El primero, relativo a la función del ministerio público federal, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, la cual se fortalecería al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República.
El Ministerio Público, señala el documento, “debe ser un órgano técnico de investigación y persecución de delitos, cuya actuación se sujete en estricto apego a la ley”.
En segundo lugar robustece el papel del ministerio público de la federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal, procesal penal y las que sean de su competencia, de conformidad con el orden jurídico.
Por último, agrega el comunicado, intenta consolidar la función del ministerio público al dejar de ser percibido solo como un operador estrictamente jurídico, para “visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad”, lo que incluye apoyar a las víctimas de delitos.
La nueva ley prevé que el fiscal general dure nueve años en el cargo, por lo que sus funciones serán transexenales, y el procedimiento para su designación será de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Senado de la República.
En cuanto a la estructura de la FGR, se afirma que ésta deberá contar por lo menos con dos órganos especializados, uno en materia de delitos electorales y otro en combate a la corrupción.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo reforma también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer las atribuciones que la Consejería Jurídica deberá asumir para ejercer la representación de la Federación.
Además la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y la Ley de Amparo, Reglamentaría de los artículos 103 y 107 constitucional.
