La reforma, que aún debe ser aprobada por el Senado, modifica los artículos 26, 41 y 123 constitucionales
La Cámara de Diputados aprobó con 372 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, el dictamen con el que el salario mínimo dejará de ser el parámetro de referencia para multas y pagos de servicios.
La reforma adiciona los párrafos sexto y séptimo, del Apartado B, del artículo 26 constitucional, con la finalidad de crear la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que sustituirá las referencias al salario mínimo, en tanto que esta percepción recobrará su esencia como pago a empleados y trabajadores.
Asimismo, la minuta otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad.
A su vez, modifica el artículo 41 de la carta magna para dejar de utilizar el salario mínimo como factor de multiplicación en la fórmula para determinar las prerrogativas de los partidos políticos.
Finalmente se reforma el artículo 123 constitucional con el propósito de establecer la prohibición de que el salario mínimo pueda ser utilizado como unidad base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral.
Esta reforma a la Constitución impactará a 702 preceptos en diferentes ordenamientos legales en el ámbito mercantil, civil, laboral y de seguridad social, entre otros.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, Julio César Moreno Rivera, señaló que con las modificaciones se habilitará una nueva unidad que guíe las transacciones y los intercambios en la economía de nuestro país.
Señaló que los salarios mínimos generales en México deben ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, por lo que es momento de devolverle su poder adquisitivo a esta percepción, y darle estabilidad a la economía interna.
Por su parte, el legislador del PRI Héctor García, mencionó que aun cuando existe consenso en que los trabajadores merecen que sus remuneraciones se eleven, también es cierto que la adopción de medidas dirigidas a este fin no debe ser tomada de forma irresponsable.
“El aumento de esta clase de percepciones, cuando se determina con ligereza, provoca distorsiones en la economía que, lejos de favorecer a los más necesitados de la patria, termina por agravar sus condiciones de vida”, subrayó.
De igual forma, el perredista Agustín Miguel Alonso Raya, precisó que aún se tiene pendiente una política de recuperación salarial, ya que esta reforma es “una medida administrativa sin contenido”.