La promulgación y próxima publicación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción es muy importante para México
Es producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y –de manera determinante– la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas, así lo señalo Enrique Peña Nieto, presidente de la República en un comunicado.
Asimismo señaló que México ahora contará con un Sistema Nacional Anticorrupción, instancia que coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos. El Sistema contemplará un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad.
Según el comunicado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será el máximo órgano de fiscalización, pues contará con nuevas atribuciones que le permitirán realizar auditorías en tiempo real cuando se detecten posibles ilícitos. También vigilará el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que emplean los recursos públicos.
De igual forma, en el comunicado se enfatiza que la reforma en comento, contempla que la cuenta pública pueda fiscalizarse desde del primer día del año y no hasta abril, como actualmente se prevé. Igualmente dispone que los mecanismos de justicia administrativa tendrán un carácter transexenal.
Novedosamente la reforma constitucional señala que los próximos titulares de la Secretaría de la Función Pública serán ratificados por el Senado de la República, lo que garantizará la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Para Enrique Peña Nieto “el cambio más relevante de este nuevo paradigma es que, por primera vez, nuestra Constitución reconoce que, tanto ciudadanos como servidores públicos, somos corresponsables de combatir la corrupción. De hecho, podrán ser castigados funcionarios, particulares y empresas que hayan participado en este tipo de actos. Mientras que los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno serán sancionados hasta con penas de prisión, las empresas pueden llegar a ser disueltas. Este tipo de decisiones serán tomadas por tribunales independientes, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que contempla el nuevo marco legal, o sus equivalentes en las entidades federativas”.
