Por Miryam López

Recientemente la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la guía de la regulación en materia de Datos Abiertos; el documento contempla el tratamiento que debe dársele a la información de carácter público generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado.

El propósito general de la Guía es que la información de dichas dependencias sea puesta a disposición de la población en general de forma accesible para su uso, reutilización y redistribución para cualquier fin.

Así las entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado, deberán atender las disposiciones que emita la Unidad de Gobierno Digital, pues de ellas se desprenden las directrices para que los datos abiertos en sus procesos de generación, recolección, conversión, publicación, administración y actualización en formatos abiertos en carácter de activos de los mexicanos en observancia del cumplimiento en materia de protección de datos personales, puedan ser utilizados por cualquier persona y para cualquier fin.

De ahí que la guía señale que los datos producidos por toda dependencia gubernamental deben ser:

• gratuitos
• no discriminatorios (carentes de cualquier restricción para los usuarios)
• de libre uso (se requiere exponer la cita de origen como único requisito para su uso libre)
• legibles para cualquier dispositivo electrónico en forma automática
• integrales (de ser evidente el detalle y se presentará los metadatos necesarios)
• primarios (indicarán la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible)
• oportunos (actualizados periódicamente conforme a su generación)
• permanentes (con un registro y permanencia histórica relevante para uso público)

Estos datos al ser de carácter público pretenden incrementar su potencial de uso, reutilización y redistribución a fin de:

• impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación
• fomentar la transparencia y rendición de cuentas
• fortalecer la participación ciudadana y la democracia, y
• desarrollar la eficiencia gubernamental con base en la evidencia y mejora de los servicios públicos