Quienes están pagando el costo administrativo son los negocios con actividades fuera del sector financiero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Elías, informó que en lo que va del año se ha asegurado o bloqueado poco menos de dos mil millones de pesos, a través de la Lista de Personas Bloqueadas, como resultado de las alertas de las más de 60 mil personas que integran el padrón de sujetos que celebran actividades vulnerables (personas físicas y morales).
Tal información la dio a conocer frente al Senado de la República durante la consulta pública para reformar la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dicho funcionario señaló que los resultados obtenidos se deben en gran medida al volumen de personas que envían sus avisos a la UIF, por lo cual, esta unidad recibe un grueso anual de 18 millones de reportes de avisos. Además, se indica que antes de la ley, se integraban entre 35 y 45 denuncias, en cambio, entre 2013 y 2014, el promedio ha aumentado a 85.
Por su parte, Nancy Flores en la revista Contralínea, comenta que en el actual sexenio la UIF presentó 174 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras detectar operaciones en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de 90 millones de pesos. Tales datos fueron obtenidos tras presentar una solicitud de información pública ante la SHCP.
También se destaca que en el 2013 se presentaron 84 denuncias contra instituciones financieras, mientras que en 2014 se sumaron otras 87, contrastando enormemente con la fluctuación existente en años anteriores (2007-2012), que va desde 25 hasta 35.
No obstante, se indica que lejos de los golpes mediáticos de la PGR, sus resultados no son tan contundentes: La Evaluación número 1207. “Política pública de seguridad pública”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), arroja que la UIF presentó 316 denuncias por lavado de dinero en el sector financiero entre 2007 y 2013, de las cuales el 51.9 % se encuentra pendiente de despacho, el 35.4 % fue consignada ante una autoridad judicial y el 12.7 % no se consignó, aun cuando la UIF ha entregado archivos sólidos respecto la procedencia ilícita del dinero.
Analizando tales esas cifras no queda más que preguntarse si las disposiciones contra el blanqueo de capitales están teniendo una eficacia real, sobre todo si se considera el gran flujo de capitales provenientes del narcotráfico en nuestro país.
Aunado a ello, cabe recordar los mediocres resultados del último examen de certificación para todos los profesionales que prestan sus servicios en las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, los cuales ascendieron a un 66 %.
En ese entendido, menos del 50 % de los oficiales de cumplimiento o funcionarios encargados de las áreas contra el blanqueo de capitales de bancos, casas de bolsa, banca de desarrollo, sociedades financieras de objeto múltiple, etc., no están a la altura de las necesidades establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para blindar al sistema financiero contra el lavado de dinero.
Frente a ese panorama, parece que los únicos que están pagando el costo administrativo de la implementación de las obligaciones derivadas de la ley antilavadoson los negocios que están en la primera línea de fuego, es decir, los que celebran actividades vulnerables fuera del sector financiero.
Lo anterior cobra relevancia si se toma en cuenta la poca eficacia que se tiene en el debilitamiento de las estructuras económicas legítimas de la delincuencia organizada, así como en la falta de sanciones aleccionadoras hacia los funcionarios de las instituciones financieras.
Sin embargo, la verdadera prueba se presentará una vez que GAFI evalúe, a finales de 2016, los resultados de nuestro país en materia de lavado de dinero.
