En México existen 31 códigos penales estatales, uno para el DF y otro federal, a los que se suma el militar. Esta diversidad ha dado margen al desorden legislativo, que propicia impunidad e inequidades, coincidieron especialistas en la materia.
En los primeros 60 años de vigencia de la Constitución las reformas en la materia fueron escasas, aunque las hubo en cuestiones penitenciarias y sobre infracciones de menores o de la policía; todas en formas benévolas, guiadas por un espíritu liberal y humanitario, señaló Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
“Hemos rehecho nuestro sistema constitucional penal y dado a luz a uno procesal y ejecutivo nuevo. Ya veremos las consecuencias del cambio que unos han celebrado y otros han visto con reticencia y preocupación”, expuso García Ramírez.
Por su parte, Elisa Speckman Guerra, del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), recordó que para el procurador Franco Sodi “nuestro pueblo no cree en la justicia y tiene razón: no existe en México”.
Para él resultaba indispensable corregir las deficiencias, señaló Speckman, pues la vida colectiva tiene como presupuesto forzoso que los hombres sientan asegurados sus derechos por la actuación del Estado a través de sus leyes y tribunales.
Al respecto, acotó que hay quienes han indicado que el problema de la justicia se ha hecho permanente y que si bien México se jacta de haber concretado el movimiento social, poco se ha adelantado en su funcionamiento judicial.
Unificación
En su oportunidad, Olga Islas de González Mariscal, del IIJ, detalló que previamente se desarrollaron primeras ideas para la Convención Nacional para la Unificación de la Legislación Penal y Lucha contra la Delincuencia. Asimismo, en 2004 se organizó un congreso internacional para ponderar esta posibilidad.
Sobre este punto, se destacó que un marco jurídico tan vasto dificulta la coordinación interinstitucional entre autoridades; motiva interpretaciones judiciales contradictorias; posibilita la tipificación de conductas idénticas en forma diversa; permite criterios de punibilidad con mínimos y máximos divergentes para lo mismo en distintas entidades, y contribuye a la impunidad.
