Por Estefanía Camacho
La Ley General de Protección de Datos Personales (LGPDP) que se debate en la camara alta, podría decretarse a finales de febrero, adelantó el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
La Ley cubriría la agenda pendiente en la materia, pues se busca incluir las pruebas de interés público, las disposiciones que protejan los datos de situación de vulnerabilidad y prever la interconexión con otras leyes, así como reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales y fijar parámetros que permitan establecer en qué casos sí procederá el ejercicio a los derechos ARCO.
Los derechos ARCO otorgan a los titulares de datos personales el derecho a acceder, rectificar y cancelar su información personal en posesión de terceros, así como a oponerse a su uso.
El legislador propuso revindicar el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la preservación del dolor de las personas como una condición fundamental para el ejercicio pleno de libertades en una sociedad democrática.
Por su parte Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19 en México y Centroamérica, afirmó que la protección de datos se convirtió en el talón de Aquiles para la garantía del acceso a la información, por lo que en el marco de la LGPDP se debe asegurar que estas fronteras no se vuelvan absurdas y regresivas.
“Los desarrollos legislativos recientes en México, sin embargo, no han reconocido los límites que esta representa para el control del estado y por esto pueden convertirse en inhibidores del desarrollo personal y la libertad de expresión”, expuso la especialista.
Uso de datos personales
En ese aspecto, la Vicepresidenta de la Academia Multidisciplinaria de Derechos y Tecnologías, Olivia Andrea Mendoza, explicó que desde el punto de vista de la ciudadanía y su uso de datos personales que suministra de manera consciente o inconsciente -tanto particulares como el sector público- “no tiene una línea clara y objetiva de cuánto vale la información”.
“Cada dato tiene un valor económico en el mercado y muchas veces es un valor alto. (…) por esto, la información se ha convertido una moneda en la economía digital. Es decir, si no tuviera un valor, no habría empresas interesadas en obtener bases de datos, o perfiles de comportamiento”, detalló Mendoza.
Finalmente el Diputado Jesús Valencia Guzmán, también Presidente de la Comisión de Derechos del Niño de la cámara baja recalcó la importancia del cuidado de los datos personales de los menores y tildó como un reto para el Estado mexicano sancionar los delitos cibernéticos. Es por ello, que llamó a modificar el Código Penal Federal y de las entidades para tipificar como delito el “grooming”, actividad que pone en riesgo a menores de edad en la red ante adultos que buscan abusar sexual y psicológicamente de ellos.
