Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), a mediados de 2013, los empresarios mexicanos que celebran actividades vulnerables se han roto la cabeza intentando cumplir con las obligaciones provenientes de esa Ley, mismas que se resumen en una idea generalizada: una adecuada gestión de riesgos.
Esto es así porque si bien es cierto la referida norma prevé compromisos sobre la identificación y exhibición de avisos, también lo es que ninguno de los dos podrá cumplirse si no existe un sólido manejo de las contingencias.
Los programas de administración de riesgos se basan en políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de debida diligencia con la clientela, para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector empresarial y evitar que una empresa sea utilizada, intencionalmente o no, con fines delictivos.
No obstante para lograr una sólida gestión se requiere realizar la identificación y el análisis de los factores de riesgos detectados, para que las políticas y los procedimientos se elaboren como resultado de la evaluación y del perfil de riesgo de la empresa.
De ahí que sea necesario compilarlos en un manual antilavado, sin menoscabo de la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento.
En el tema “Manual antilavado para principiantes” se detallan una serie de recomendaciones para elaborar dicho manual, ya que este es la mejor arma para evitar que una empresa sea utilizada como medio de blanqueo de capitales, pues contiene los mínimos y máximos necesarios para no comprometer la operatividad diaria, pero siempre dentro de un margen de legalidad.
Además de que permite un cumplimiento adecuado de la LFPIORPI, y por ende, no ser objeto de cuantiosas multas, e incluso, de investigaciones penales.
