Una reforma al Código Penal Federal busca que el Presidente de la República esté sujeto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, a fin de que sea sujeto de juicio político, propuso el senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD.
Lo anterior, en virtud de que el Ejecutivo solo puede ser acusado -durante el tiempo de su encargo- por traición a la patria y por delitos graves del orden común.
La propuesta busca derogar el segundo párrafo del artículo 108 y 110 constitucionales, respectivamente de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, para considerar como delitos que ameritan prisión los cometidos por servidores públicos contra la Administración de justicia, así como en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, a los que no se les concederá la libertad preparatoria.
Asimismo el senador planteó que se le imponga desde 5 a 12 años de prisión a quien cometa el delito de intimidación o el pago de una multa por un monto de 500 a 800 veces el salario mínimo al momento de cometerse el delito así como su destitución e inhabilitación de 5 a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.
Otro de los objetivos es aumentar las penas privativas de la libertad y de la inhabilitación, así como los montos de las multas para quienes cometan ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, concusión, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, y ejercicio indebido del propio derecho.
Esta iniciativa se basa en que, durante 2013 México fue reconocido como el país más corrupto de América Latina, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, mencionó Mayans Canabal.
“Como parte de ello, se debe reformar y actualizar la legislación penal en su aspecto punitivo, a fin de sancionar con mayor rigor a quienes estando en el ejercicio del servicio público, incurren en conductas ilícitas”, añadió el legislador perredista.
