Se creó una iniciativa que busca la aplicación de medidas como el embargo, frente a las violaciones de las obras de los autores
Por Aglaé Ordoñez
La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de Decreto para añadir a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) la posibilidad de implementar medidas precautorias para prevenir la violación de los derechos patrimoniales de los autores o de sus causahabientes.
Este documento, según la visión de su autora, Araceli Guerrero Esquivel, se fundamenta en que la regulación vigente en materia de protección de los derechos de autor carece de medidas suficientes para inhibir la violación de estos, lo que provoca daños irreparables o la destrucción de pruebas que logren acreditar la existencia de esas transgresiones.
Con esta iniciativa se adicionaría el artículo 213 Bis a la LFDA para facultar que los titulares reconocidos por dicha norma, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen puedan solicitar a los tribunales del fuero federal o común el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias:
- suspensión de la representación, comunicación o ejecución pública
- embargo de las entradas o ingresos obtenidos antes o durante la exhibición pública
- aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales equipos o insumos utilizados para efectos de las acciones anteriores
- embargo de la negociación mercantil
Para acceder a dichas medidas, el interesado estará obligado a dar aviso por escrito al infractor por lo menos 72 horas antes de presentar su solicitud ante la autoridad judicial. De igual forma, deberá garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse.
Asimismo, se incluiría un segundo párrafo al artículo 215 de la LFDA para legitimar tanto a los titulares como a sus representantes, junto con las sociedades de gestión colectiva, para solicitar la implementación de tales herramientas cautelares.
Finalmente la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) a través de un boletín manifestó públicamente su rechazo a este proyecto de reforma. Estima que su aprobación podría afectar negativamente el avance de un sector que ha demostrado ser importante para el desarrollo nacional; además de que vulneraría derechos fundamentales como el de la libre manifestación de ideas, de imprenta, debido proceso, privacidad, ejercicio del comercio; y se dejaría en estado de indefensión a los proveedores del servicio de Internet, contenidos y aplicaciones.
