El paquete que expide las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada en cámara baja
Están obligados a presentar su declaración de situación de patrimonial y de intereses los servidores públicos, de acuerdo con el paquete que expide las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aprobada el jueves por la Cámara de Diputados.
Además deberán hacer estas declaraciones cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios. Así como las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales.
Los particulares deberán presentar las declaraciones ante el órgano interno de control del ente público que le haya asignado los recursos o con el que haya contratado.
La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma Digital Nacional.
El paquete aprobado, enviado por la colegisladora y avalado por el pleno en el Palacio Legislativo de San Lázaro, reforma más de 700 artículos de siete ordenamientos legales y pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. El paquete de reformas será remitido al Senado para su análisis.
Estos ordenamientos legales fueron presentados en un solo acto y votados en lo individual, y las ocho bancadas reconocieron que es un avance y un combate frontal contra ese cáncer que afecta al país. Asimismo, señalaron que esta reforma representa una oportunidad para romper con privilegios, corrupción e impunidad.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue aprobada por 449 votos a favor y uno en contra y establece la creación del Sistema Nacional que estará integrado por el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización, así como los sistemas locales de las entidades federativas a través de sus representantes.
El Comité Coordinador establecerá los mecanismos de coordinación y tendrá bajo su encargo el diseño, la promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción y estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) así como de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Este organismo se encargará de administrar la Plataforma Digital Nacional que deberá conformarse, al menos con los sistemas de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación declaración fiscal de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, así como de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
En cuanto al sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma referida se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia.
Las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes contra servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esa ley. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, tribunales o autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Esos documentos serán públicos salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución y para tal efecto se emitirán los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
La integración del Sistema Nacional de Fiscalización que establecerá acciones y mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue aprobada por 338 votos a favor y 110 en contra, la cual pretende distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
El pleno aprobó por 456 votos a favor la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que formará parte del SNA, cuyas resoluciones deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.
Para ello, deberá ejercer su gasto con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.
Organizaciones civiles dan visto bueno a leyes secundarias
Organizaciones académicas civiles indicaron este jueves en un comunicado que el paquete de leyes probado por los senadores es un anvance sustantivo en la construción del "andamiaje normativo e insititucional que requiere México para combatir la corrupción de manera efectiva".
El mensaje fue emitido por representantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como de Fundar, Transparencia Mexicana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa, entre otras.
Los académicos señalaron que con las legislaciones aprobadas se fortelecen los pesos y contrapesos a través de la coordinación entre instituciones que se ocupan de prevenir, investigar, corregir y sancionar los actos de corrupción.
Además la existencia de mecanismos seguimiento y evaluación capaces de generar inteligencia institucional para corregir las causas que generan los actos de corrupción y la creación de un secretariado técnico robusto capaz de producir y gestionar información necesaria para evaluar la política nacional anticorrupción y emitir recomendaciones de mejora.
*Con información de Notimex y Expansión
