Las observaciones realizadas en el veto al artículo 32 `son las adecuadas´: CCE
Por Estefanía Camacho
La aprobación de dos incisos del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas el pasado 15 de junio, había sido un “error legislativo” más que algún tipo de “venganza”, consideró el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, luego de que el sector pidiera al Ejecutivo la revisión de diversos artículos.
Este martes 5 de julio se avaló en la Cámara de Senadores el dictamen del veto que hizo el Presidente Enrique Peña Nieto a dos incisos del artículo 32 de la llamada “Ley 3 de 3”, así como de otros 15 artículos relacionados más que estaban pendientes.
“El trabajo que hicieron en el Senado y en la Cámara de Diputados analizando las opciones y generando iniciativas en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se hizo previamente, independientemente de que el periodo extraordinario fue muy corto. Lo que sí, evidentemente es que el artículo 32 y los artículos que corresponden se determinaron el mismo día de la liberación en el pleno”, explicó Castañón en entrevista.
Asimismo, el presidente del CCE reconoció que las observaciones que hizo Peña Nieto son “las adecuadas, las justas”, después de que el Ejecutivo escuchara las repercusiones que podría tener la movilización del SNA y anunciara la facultad del veto para devolver la legislación el pasado jueves 23 de junio al Congreso.
Un día antes, el CCE sostuvo una reunión con el Presidente en el que expresaron su postura ante el citado artículo por considerarlo como "inoperable y no factible", al establecer que los particulares debían presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés, de igual forma que los funcionarios.
“Fue un error legislativo, cualquiera de las razones por la que se aprobó, no creemos que sea algún tipo de venganza; en el espíritu de balancear que las causas de la corrupción son de dos partes, ellos al final de la discusión, dijeron 'pues si son dos partes y se les pide a una de ellas, que se le pida a la segunda también”, analizó el líder empresarial.
De igual forma opinó que los legisladores no visualizaron las dimensiones de lo que la medida implicaba (como una carga desmedida a los particulares), sin embargo, se mostró complacido en que ellos expresaron “su deseo de encontrar la fórmula para resolverlo y hacer equitativo el sistema y operable”.
“Equitativo significa que se le otorgan las mismas penas y responsabilidades a la empresa y a sus funcionarios, que al funcionario público. Incluso está más fuerte para la propia empresa, porque el periodo donde están vigentes los delitos es de cuatro años para la función pública y siete para la empresa y sus funcionarios”, añadió Juan Pablo Castañón.
Artículo 32, un disparate
En ese aspecto, el abogado y especialista en regulación jurídica del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Oscar Arredondo Pico, aseguró que el artículo vetado “fue un disparate que surgió en la Cámara de Senadores”.
“Sí parece lógico que le pidas a Grupo Higa o a OHL una declaración patrimonial de sus principales accionistas o colaboradores, pero hay otra parte que especificaba a la empresa que recibiera recursos públicos, y luego otra fracción de ‘…los trabajadores de las empresas que reciban …’, y luego la fracción III de que cualquier otra persona que le caiga lana pública... es meter ahí hasta a quienes obtengan recursos de los programas sociales”, explicó Arredondo.
Aseveró, entonces, que los senadores lo vieron como una obligación para las empresas, pero sin un análisis muy riguroso de su contenido.
“(Jesús) Zambrano puso los artículos a votación y hubo un montón arrollador priista, fue como la venganza (a empresarios), de: ‘tú a nosotros nos pones esa obligación, nosotros también, sobre cualquier particular que tenga relación con recursos públicos”, indicó el experto y también consultor.
Por otro lado, reconoció que todo el paquete de leyes que conforman el SNA son un gran avance, pues el nivel de expertise anticorrupción aumentará y habrá más autonomía con relación a los poderes ejecutivos.
“Quien sanciona con el modelo actual pues es el secretario de la Secretaría de la Función Pública, que es un subordinado del presidente. Es absurdo y cómo nos reímos con lo de la 'Casa Blanca'. Este asunto va a cambiar”, agregó Oscar Arredondo de Fundar.
