Un promedio de 3,000 averiguaciones previas se abren cada año en la Procuraduría General de la República por la presunta falsificación de documentos, conducta que incluye el robo de identidad, delito que no está en el Código Penal Federal.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) comunicó a la Cámara de Diputados que en fechas recientes el robo, suplantación o usurpación de identidad fue en crecimiento, al registrar cientos de casos de delincuentes que presentan declaraciones anuales, inventando deducciones personales y solicitando saldos a favor “fraudulentos”.
La División Científica de la Policía Federal señala que atiende alrededor de 600 reportes por este delito que es únicamente regulado en entidades como Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Ante estos casos, la Profeco firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), relativo al robo de identidad, a través del intercambio de información, capacitación recíproca, definición de competencias para la atención inmediata de las quejas, por lo que se brindará mayor eficacia a la protección de los derechos de los consumidores de productos de crédito.
En ese aspecto, la Prodecon también está encaminada a iniciar una investigación de oficio al conocer algún caso de usurpación de identidad que represente una contingencia o adeudo fiscal para el contribuyente; actuar en coordinación con el SAT para requerir por conducto de éste a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información necesaria respecto de la cuenta bancaria del causante que ha sido sujeto de robo de identidad.
