Buscan que la reforma anticorrupción no se descomponga al bajar a las entidades federativas
Es necesario completar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se promulgó el lunes 19 de julio, pues dejó de lado la obligación de servidores públicos hacer pública su situación patrimonial, de ingresos y de conflictos, como lo planteó la iniciativa ciudadana en un principio, alegó el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva.
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Zambrano argumentó ante el Ejecutivo federal que la llamada Ley 3 de 3, que contó con 600,000 firmas y el respaldo de académicos, “no tuvo el eco suficiente, deseado, en ambas cámaras” del Congreso de la Unión, ni se revisó posteriormente como ocurrió con el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a solicitud del Ejecutivo federal.
Por lo que lamentó ante el mandatario mexicano, que no hubiera observado igualmente el artículo 29, para dar paso a que el Legislativo incorporara -ahora sí- el reclamo ciudadano contenido en la iniciativa 3 de 3.
Asimismo, confió en que la renuncia de Virgilio Andrade Martínez a la Secretaría de la Función Pública, sea una “buena señal” en el marco de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante la promulgación del paquete de reformas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó tres prioridades críticas en el proceso de instrumentación:
Primero: el apuntalamiento de una autonomía real de gestión de la Fiscalía Anticorrupción y que ésta y los otros mecanismos de fiscalización, auditoría y control administrativo cuenten con facultades efectivas y recursos para su funcionamiento.
Segundo: garantizar que funcione el sistema “3 de 3” de declaraciones de interés, patrimonio y situación fiscal. Se requiere de la mayor transparencia y publicidad posible, sin vulnerar la protección de los datos personales garantizada en la Constitución, para que pueda haber una verdadera fiscalización tanto desde el estado, como por parte de la sociedad, a través de organizaciones ciudadanas y la prensa, por supuesto.
Tercero: dada la adaptación que debe hacerse en la legislación a nivel local, resulta clave que la reforma anticorrupción no se descomponga al bajar a las entidades federativas, y menos aún permitir que se pervierta con fines contrarios al sentido fundamental.
De igual forma, el CCE y Jesús Zambrano se pronunciaron a favor de las acciones de inconstitucionalidad promovidas desde el Gobierno de la República para revertir las reformas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, que tenían como objetivo “blindar” a sus gobernadores por irregularidades en sus administraciones.
“Fue oportuna la decisión del Gobierno Federal de interponer acciones de inconstitucionalidad contra medidas improvisadas, con las que se ha pretendido hacer cambios en leyes estatales que pueden favorecer la impunidad de administraciones salientes, así como nombramientos para periodos sexenales de autoridades fiscalizadoras o de auditoría de dudosa legitimidad –incluso con acusaciones de nepotismo”, acusó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del organismo empresarial.
Esto implica puntualmente aplicar la ley, sin excepciones ni discrecionalidad, para reducir sensiblemente los actos de corrupción, a todos los niveles, y someter a la justicia a quienes los cometen. Se trata de cambiar el panorama: pasar de una sucesión ininterrumpida de escándalos que rara vez se aclaran, al compromiso profundo contra la impunidad.
Fuera el fuero
Asimismo, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, aprovechó la ocasión para recordar que ser servidor público no debe ser oportunidad para el saqueo, pero tampoco origen o causa de sospecha.
“Hicimos esta reforma para dejar atrás la perversa tesis de que todo servidor público es corrupto, hasta que demuestre lo contrario. Hicimos esta reforma para devolver dignidad, honor y confianza a la función pública”, precisó el senador del PAN.
De igual forma, destacó que buscan reformar el fuero, pero para que no sea pretexto de impunidad, sino mérito y capacidad antes que lealtad de partido, profesionalización en lugar de cuotas, imparcialidad como obligación exigible en toda la gestión pública y estabilidad y digna retribución a los servidores públicos para cerrar los márgenes del subsidio corruptor.
Finalmente reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción responde al objetivo de fortalecer la efectiva rendición de cuentas y reanimar la credibilidad de los que servimos al Estado.
