Ven desafíos con Ley General de Víctimas y del Código Nacional de Procedimientos Penales
Los derechos humanos en México son un asunto “extremadamente complicado”, pues se requiere un sistema jurídico nacional que asuma sus responsabilidades, donde los jueces impartan justicia de manera eficaz, explicó la diputada de Morena, Norma Xochitl Hernández Colín.
Resaltó que la violencia es un problema nacional y no existen suficientes apoyos para responder a las necesidades de la sociedad; además enfatizó la labor de fundaciones que coadyuvan a proteger las personas que se encuentran en indefensión.
Por su parte, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), María de los Ángeles López Peña, indicó que su oficina tiene un compromiso con la promoción y garantía de acceso a la justicia.
“Nos esforzamos, desde el ámbito público, en dotar a los ciudadanos de una defensa adecuada, principalmente a los más vulnerables de la sociedad”, señaló.
La competencia de la subprocuraduría permite brindar atención interdisciplinaria a la población, con la participación de profesionistas especializados en materia de derecho, psicología, trabajo social y medicina.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se plantean desafíos en la atención, protección y asistencia a las personas víctimas del delito, lo cual fortaleció la estructura operativa y se revisaron los modelos y protocolos de actuación.
De igual forma el trabajo del Programa Nacional de Asistencia Jurídica brinda atención a personas en situación vulnerable, a fin de garantizar la protección de sus derechos.
Sin embargo, Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, advirtió que “hay una vulneración terrible” en este ámbito, ya que los derechos, si no se conocen, no se pueden exigir; además, afirmó que la población ignora a dónde acudir a pedir la protección de sus datos, en todo caso.
“El derecho de acceso a la información y de protección de datos personales es el piso para acceder a otros derechos fundamentales, particularmente al de impartición de justicia”, señaló.
