Legisladores propusieron realizar reformas en materia de telecomunicaciones con el objetivo de que se identifiquen los dueños de los celulares de prepago y tarjetas SIM, a fin de inhibir las extorciones telefónicas en el país.
El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz explicó que debido a la facilidad para adquirir una línea de celular en la modalidad de prepago, este acto propicia que las extorsiones telefónicas se lleven a cabo desde un “implacable anonimato que no permite identificar a los responsables” por lo que las reformas pretenden la identificación de los dueños.
Por ello, se planteó realizar cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se condicione la venta o activación de tarjetas SIM, celulares de prepago y cualquier otro dispositivo vinculado a un usuario de línea telefónica respecto al registro de datos personales con el que se permita la identificación del usuario.
En ese sentido, permitiría que la PGR y las autoridades correspondientes puedan recabar dichos registros para la investigación de delitos de extorsión, secuestro, amenazas y los relacionados con la delincuencia organizada.
Los tipos de extorsión más comunes son aquellos en los que se confunde a la víctima “haciéndole creer que se trata de una venta de boletos para rifa, la supuesta detención o secuestro de familiares, hacerse pasar por integrantes de grupos delictivos o familiares que viven en el extranjero”.
Montoya sostuvo que el incremento del ilícito se duplico de 2010 a 2013, pues pasó de 2,764 a 4,100; mientras que únicamente en 2013 la Policía Federal atendió 239 llamadas cada 24 horas con denuncias, de las cuales, el 59% se efectuó en el Estado de México y Ciudad de México, seguidos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Michoacán e Hidalgo (25%).
Desglose de la iniciativa
El priista también propuso modificar el Código Penal Federal para que “las penas de prisión y multa por obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro o causando perjuicio patrimonial se aumente”; en el caso de que la acción fuera cometida por el personal del sistema penitenciario “las penas se incrementarían en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación electrónica”.
Además planteó adicionar un artículo al Código Nacional de Procedimientos Penales titulado “Bloqueo de Líneas de Comunicación Móvil” con el objeto de que cuando exista denuncia o querella, el servidor público o procurador solicite a los concesionarios o permisionarios la suspensión inmediata del servicio relacionado con los hechos que se investigan.
