Por Miryam López
El IMSS en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentaron el “Comité de Derechos Humanos e Igualdad”, con el objetivo de fortalecer la atención médica y la resolución oportuna de quejas de los derechohabientes.
El Director General del Instituto, Mikel Arriola, destacó la reducción de 68,282 quejas en 2013 a 55,775 en 2015, es decir, una disminución de 18% pese al incremento de la población; por ello, se instrumentó una política institucional en materia de derechos humanos e igualdad.
El objetivo principal del Comité es disminuir los niveles de insatisfacción y la prevención de quejas respecto a los servicios y atención, debido a que vulneran los derechos humanos.
Los programas aplicados para dicha tarea son: “SER IMSS”, “Capacitación conjunta sobre la Reforma Constitucional IMSS-SEGOB-CNDH”, “Capacitación en materia de Igualdad, Género y No discriminación” y “Actívate por los Derechos Humanos” con una participación actual del 50% de los trabajadores adiestrados (45,000 personas).
La vigilancia y prevención de las eventualidades, atención y quejas de los derechohabientes con el personal del IMSS serán llevadas a cabo por “Técnicas y técnicos en Atención y Orientación de Derechohabientes (TAOD).
La integración del comité fue consolidada con miembros de la Segob, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Por su parte el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que “este derecho estipulado no puede privarse a nadie; es indispensable pese al alcance tecnológico para empalmar el derecho humano consagrado en la constitución mexicana”.
Por ello, consideró al comité como una forma para dar protección y una “obligación de las autoridades” para atender los derechos humanos con un enfoque profesionista en la medicina, con lo que promueve el respeto y protección del derecho a la salud.
