Por Estefanía Camacho
Con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), uno de los mayores retos que enfrenta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es la implementación del nuevo sistema sancionador dentro del esquema nacional de justicia, afirmó el magistrado de Sala Superior, Rafael Anzures Uribe.
¿Qué espera la reforma constitucional con la implementación del sistema sancionador, teniendo al tribunal como parte integrante del SNA? –cuestionó Anzures en la mesa de debate “Retos de los Tribunales Fiscales en Iberoamérica”.
“Se pretende fortalecer el combate a la corrupción concretando adecuadamente la prevención y sanción de conductas graves que pueden constituir responsabilidades administrativas. Así como emitiendo criterios jurídicos que sean utilizados en los procesos de investigación, confiando en que bajo este esquema de autonomía, la actuación del tribunal, no solo es la de imponer sanciones de responsabilidades de los servidores, sino que por el contenido de sus sentencias en las cuales se aplique el derecho administrativo sancionador, es que sean consideradas como definitivas vía recurso”, analizó el especialista.
Así, destacó que espera que resulte improcedente el recurso de revisión. Y se generen con esto incentivos jurídicos que inhiban actos de servidores públicos y de particulares contrarios al sistema jurídico y al interés público.
Es necesario convertir a la justicia administrativa en un instrumento eficaz de los gobernados en contra de la corrupción, no únicamente desde la imposición de sanciones por conductas y actos de corrupción, sino como una participación activa en el ámbito de la prevención, contrapuso el magistrado Carlos Chaurand Arzate, dentro del marco del Congreso Nacional e Internacional de Magistrados del TFJA.
“Hacer accesible para los justiciables la impugnación de determinados actos irregulares de la administración pública. Esto es, los que no equivalen a créditos millonarios, aquellos que les suceden a los ciudadanos de a pie, no al gran empresario que puede acceder a los grandes y caros despachos de especialistas. Actos administrativos que por su cuantía o menor importancia o trascendencia, en el mejor de los casos, son consentidos por los afectados y propician actos de corrupción ante la -a veces lenta, morosa y burocrática- impartición de justicia, lo que predispone al justiciable a la desconfianza”, refirió Chaurand Arzate.
Contempló que actualmente los gobernados cuentan con medios de defensa en contra de dichos actos, sin embargo, en un análisis costo-beneficio que realiza el afectado, generalmente fast-track, existe una alta posibilidad de que al afectado le resulte menos oneroso cubrir un moche, una dádiva o "mordida", evitándose el costo de ese perjuicio.
Celeridad y defensoría gratuita
De igual forma el magistrado Rafael Anzures sugirió explorar ciertos casos en los que se requiera un máximo de celeridad y que, por su sencillez, no tenga sentido tramitarlos por juicio común a lo que convendría la implementación de un juicio sumarísimo que simplifique el proceso mediante la mediación de plazos y etapas que permita el mínimo necesario de actos indispensables para resolver el conflicto.
Añadió que también se pondere la posibilidad de defensoría jurídica gratuita, prestada por el Estado, con el objeto de satisfacer el derecho a la tutela judicial y ejemplificó, en este aspecto, la gratuidad en materia fiscal a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
TIC’s en tribunales
El uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC's) es otro de los retos implementado ya en el TFJA con la operación del sistema de justicia en línea a partir de las reformas a la Ley del Procedimiento Contencioso en 2009.
Al respecto, el Magistrado Presidente del TFJA, Manuel Hallivis Pelayo, indicó que con el uso de las nuevas TIC’s en la impartición de justicia y descentralización, el Tribunal puede equilibrar las cargas de trabajo y elevar la calidad del servicio que sus integrantes prestan a quienes demandan sus servicio, e insistió en que la especialización es una materia obligada que nadie puede soslayar.
