Aquellas personas que fallecieron y sus cuerpos no fueron solicitados en la Semefo, tienen el destino en la fosa común o se destinan a la educación
Cuando existen decesos de personas de los cuales, muchos son reclamados por sus familiares y otros son enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde permanecen por 15 días dentro de cámaras de refrigeración y de no ser reclamados se envían a la fosa común del Panteón Dolores.
De acuerdo con datos de la Semefo, aproximadamente se reciben 500 cuerpos al mes, que por ley son almacenados en las cámaras de refrigeración por 15 días y de no ser demandados son enviados a la fosa común; sin embargo, existe un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría Capitalina y universidades públicas y privadas para que se les envíen cadáveres con fines académicos e investigación.
En 2013 se registraron 6,500 cadáveres no identificados o “Ningún Nombre (NN)” que fallecieron de forma violenta, accidental o natural sin distinción migrantes extranjeros, extraviados, delincuentes, bebés o fetos abandonados en vía pública, indigentes o ancianos olvidados por sus familias; además de los que fueron desfigurados o mutilados para evitar su identificación.
Cabe señalar que los gobiernos estatales de cada entidad tienen una postura distinta al momento de revelar la ubicación de las fosas, pues algunos obstaculizan y sellan sus archivos para revelar información así como de las personas que pasan por sus anfiteatros argumentando ser “secreto de Estado”, “información inexistente”, tienen una negativa total, o muestran una inexistencia de solicitud en los sistemas.
Recordemos que los índices de violencia indudablemente aumentan los casos de cadáveres no identificados, según cifras del Inegi, conforme a las experiencias de corrupción en la gestión de trámites, pagos, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos en 2013 reveló que el 50.6% de las personas de 18 y más se vio involucrada en una situación de corrupción en contacto con autoridades de seguridad pública en los que se encuentran permisos para traslados, cremación, depósito o exhumación de cadáveres (21.9%).
