México (Notimex).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) vigilará de cerca la selección del Fiscal Anticorrupción hasta el 15 de diciembre, además de exigir una agenda estratégica anticorrupción, así como un “castigo ejemplar” a funcionarios que incurrieron en actos de desvió de recursos.
"Sin duda, una de las tareas más relevantes que seguimos teniendo como pendientes, es consolidar un real y efectivo Sistema Nacional Anticorrupción", puntualizó Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo cúpula.
Destacó que el acompañamiento y participación real, activa y exigente de los ciudadanos en este proceso es lo único que permitirá salir de ese círculo vicioso de corrupción e impunidad que desafortunadamente ha prevalecido en el país.
Refirió que la fuerza del Sistema Nacional Anticorrupción estará en el Comité de Participación Ciudadana, el cual tendrá cinco integrantes que están hoy mismo en proceso de ser nombrados, con base en la convocatoria que lanzó hace días el Comité de Selección.
"En Coparmex seguiremos muy de cerca la selección del Fiscal Anticorrupción, de entre los 32 aspirantes registrados, proceso que debe concluir antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso, es decir el 15 de diciembre. Tenemos claro que a la par que se nombran a los funcionarios que tendrán posiciones clave, habrá que cuidar la continuidad del proceso de federalización del mismo sistema", acotó.
Para tales efectos, en alianza con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizarán en los próximos días un foro para perfilar el modelo de sistemas locales anticorrupción en cada una de las 32 entidades federativas.
Más adelante, el dirigente empresarial dijo respaldar la exigencia de los ciudadanos para que se investiguen a fondo los desvíos de recursos públicos en los gobiernos estatales, y que se castigue ejemplarmente a los responsables.
Asimismo, urgió a tener lista también la normatividad de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria en materia de deuda pública de las entidades y municipios, en la que se contemplan límites al exceso del endeudamiento de las entidades federativas y de un sistema de alertas y controles para prevenir estas conductas.
En el sector empresarial nos pronunciamos porque se realicen rápidamente las adecuaciones al marco normativo y de operación financiera de los estados, así como del cumplimiento de los nuevos requisitos para contratar la deuda pública. Es urgente poner candados a la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos en las entidades, subrayó.
