Con el precio liberalizado, es predecible que éstos sean objeto de fluctuaciones en tiempo real
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió su opinión en materia de competencia para que a 2018, los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinen bajo condiciones de mercado en las diferentes regiones del país.
En un documento, la Comisión expone que durante décadas en México prevaleció un modelo monopólico en el que PEMEX centralizaba las decisiones de producción, suministro y logística de las gasolinas y el diésel, aunado a un sistema de precio único a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo ello mantuvo escondidos los costos para llevar los combustibles a cada punto del país.
En cambio, bajo el nuevo esquema de mercado abierto, los precios finales reflejarán:
- el precio del combustible en el mercado nacional o en el mercado de referencia
- la disponibilidad o escasez de alternativas logísticas de transporte, almacenamiento y distribución
- el nivel real de los impuestos, principalmente IEPS e IVA
- las condiciones de competencia prevalecientes en los mercados de expendio al público.
“Con el precio liberalizado, es predecible que éstos sean objeto de fluctuaciones en tiempo real asociadas con la estacionalidad del valor de las gasolinas en el mercado de referencia, además se comportarán de acuerdo a las realidades y costos de toda la cadena de logística en cada una de las regiones en donde se flexibilice el precio máximo”, consideró la Cofece en una misiva dirigida a la Comisión Reguladora de Energía.
Por lo anterior será fundamental incrementar la capacidad operativa de las refinerías nacionales, garantizar el acceso a fuentes de suministro en el extranjero vía importaciones, permitir a terceros el uso de la infraestructura de ductos y almacenamiento -operada actualmente por PEMEX-, desarrollar nuevas alternativas logísticas y un mercado de mayoreo, así como facilitar el establecimiento de estaciones de servicio.
Para ello, la Comisión recomienda a la CRE considerar cuando menos los siguientes elementos en materia de competencia:
- La existencia de opciones de suministro estable y eficiente para cubrir la demanda estimada a nivel regional
- La disponibilidad y acceso a la infraestructura de transporte desde las refinerías o puntos de importación, así como las opciones de almacenamiento y distribución hasta las estaciones de servicio.
- La estimación de los diferenciales de costos de abasto por región, que permita identificar el grado de maduración y las condiciones de cada zona. Lo anterior permitiría conocer si una vez liberados los precios, las diferencias de éstos en las localidades obedecen a condiciones normales de mercado, son resultado del sistema logístico prevaleciente o de eventos fortuitos, o son causa de situaciones irregulares, como posibles prácticas anticompetitivas.
- Las características de los mercados regionales de expendio al público, es decir, la oferta y la rivalidad competitiva en el segmento minorista.
Así, la flexibilización de precios tendría que darse en ciertas zonas que cumplan un conjunto de condiciones mínimas, mientras que las zonas que permanezcan con precios máximos regulados deben, en el tiempo previsto en el cronograma, acelerar la construcción de dichas condiciones.
