Por Jesús Coronado
En abril pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos de América aprobó ciertas modificaciones a la llamada “Regla 41”, la que otorga a los jueces la facultad para emitir órdenes de registro de todo tipo de dispositivos electrónicos, cuando anteriormente solo podían hacerlo en su jurisdicción.
Desde el 1o. de diciembre los jueces estadounidenses pueden emitir órdenes de registro para que las agencias americanas accedan y registren remotamente computadoras, celulares o smartphones, redes, etc. Es posible quehackeen los dispositivos de cualquier ciudadano, inocente o culpable, en cualquier jurisdicción, incluso en el extranjero. Si bien esta conducta a la luz de la legislación norteamericana es legal, esto no significa que no puede ser sancionada por otra legislación.
La reforma ha sido realizada principalmente para perseguir ciberdelincuentes en la Darknet como la red TOR, ya que este tipo de softwareanónimopuede ocultar las direcciones IP, lo que hacía casi imposible conocer la ubicación de un ordenador y con ello se complicaba determinar la jurisdicción de un juez o no. Ahora, al no haber limitantes de índole territorial, se podrán buscar a los usuarios independientemente de su localización.
Así las cosas, varias compañías tecnológicas, grupos por las libertades civiles, en específico defensores de la privacidad han alertado sobre los posibles abusos en los que se puede incurrir, argumentando que el cambio va en contra de las protecciones civiles previstas a nivel constitucional.
Los senadores que se opusieron al cambio advirtieron que los gobiernos futuros contarán con una autoridad sin precedentes para hackear a los ciudadanos y sus repercusiones pueden ser significativas. Por su parte, quienes apoyaron la eliminación de las barreras sostuvieron que con estos esfuerzos se puede combatir conductas delictivas como la pornografía infantil o el ciberterrorismo.
Se habla de una modernización de la legislación penal ante la nueva era digital. Durante 2016, el FBI desmanteló una red de pornografía infantil que explotaba a menores para realizar vídeos sexuales, la operación derivó en la detención de 60 personas de distintas nacionalidades.
Sin duda esta modificación revive el debate sobre dónde debería marcarse la línea entre el combate a los ciberdelitos y el derecho a la intimidad.
