La Profeco denunció a dos gasolineras ante la PGR por negarse a la realización de verificaciones, además detectó 32 estaciones con irregularidades de precios o litros incompletos durante los primeros 12 días de enero.
La instancia verificadora procederá legalmente contra quien resulte responsable en ambos establecimientos, en términos del artículo 253 Fracción III del Código Penal Federal que contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública.
Una de las estaciones se ubica en Boulevard Puerto Aéreo número 134, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, con número de estación 5832. La segunda, en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango el municipio de Rayón, en el Estado de México, con número de estación 11781.
Ambas estaciones serán sancionadas con 250,000 pesos como medida de apremio, según el artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), independientemente del procedimiento que ya enfrentan.
Adicionalmente, al revisar 2,334 estaciones de servicio en todo el país, la procuraduria detectó dos estaciones en las que no se respetaba el precio máximo reportado a la Comisión Reguladora de Energía, con hasta 49 centavos por encima del precio permitido.
La primera situada en Avenida Zumpango s/n Col Barrio de San Juan, del municipio de Teoloyucan, Estado de México, con número de estación 8844; el segundo caso, corresponde a la estación 872 localizada en el kilómetro 29.5 de la Carretera Ixmiquilpan-Querétaro, del municipio de Huichapan, en el estado de Hidalgo.
Respecto a las 30 estaciones en las que se identificó la venta de litros incompletos, es prudente comentar que los artículos 128 y 128-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) contemplan multas de hasta 4.1 millones de pesos, que en caso de reincidencia pueden duplicarse e incluso derivar en la clausura del establecimiento.
En los 32 casos en los que se han documentado irregularidades, la Profeco informó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que en el ámbito de su competencia evalúe las sanciones a aplicar, que en última instancia pueden resultar en la cancelación del permiso para vender combustibles.
Paralelamente a la intervención en gasolineras, la Profeco busca contener aumentos injustificados en los productos de la canasta básica, para lo cual dará a conocer cortes de información sobre las irregularidades detectadas.
