En EU una sentencia antepone la seguridad nacional a la privacidad
Por Jesús Coronado
Un juez ha ordenado a la empresa Google que entregue sus correos en el extranjero para cumplir una orden de registro emitida por el FBI. Según la sentencia, los correos podrán ser revisados remotamente por las autoridades, pues no existe una interferencia significativa con el interés posesorio de los titulares de las cuentas.
Se enuncia que aunque la recuperación de datos electrónicos de Google desde sus múltiples centros de datos en el extranjero tiene el potencial de una invasión de la privacidad, la infracción real de la privacidad se produce en el momento de su divulgación.
La empresa aseguró que el magistrado Thomas Rueter de Filadelfia, Estados Unidos, no consideró los precedentes, por lo que apelarán la decisión, pues la han calificado de excesiva. Durante el juicio, se aseveró que se suele dividir el contenido de los correos en diferentes piezas para mejorar el rendimiento de las redes, por ende no puede conocerse en qué servidores están los datos que requieren los agentes federales para investigar un caso de fraude. Google recibe anualmente alrededor de 25 mil requerimientos de pesquisas en materia penal.
Con esta determinación nuevamente se abre el debate sobre si las autoridades estadounidenses pueden violar la privacidad de los usuarios de todo el mundo. Esto porque el juzgador concluye que mientras los datos almacenados no se difundan no se violenta la privacidad, por ello las autoridades pueden indagar todo lo que necesiten siempre y cuando aquellos no sean divulgados posteriormente.
Esta decisión es contraria con la del 24 de enero de 2017, cuando un tribunal federal de apelación resolvió que las agencias de seguridad de los Estados Unidos no podrían obtener datos de servidores en el extranjero. Esto es producto de una petición formulada por las autoridades para conseguir información de los correos electrónicos almacenados en los servidores que tiene la empresa Microsoft en Dublín, Irlanda.
Se ha afirmado que esa sentencia representa una victoria para la protección de la privacidad e intimidad de las personas bajo las leyes de sus propios estados y intervención foránea, toda vez que el congreso estadounidense no facultó a su gobierno para tener injerencia más allá de sus fronteras. Sin embargo, el debate sigue abierto y los juzgadores no han llegado a una determinación convincente.
