El combate a la corrupción se está quedando atorado en los estados, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con una evaluación realizada por las organizaciones a cuatro meses de que la legislación en la materia deba estar completa en todo el país, solo dos entidades, Chiapas y Nayarit, están en condiciones de aplicar sus propios sistemas anticorrupción los cuales deben estar acordes al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que entrará en funciones el 18 de julio.
Ambos estados cuentan con una reforma constitucional satisfactoriamente apegada a la Constitución federal como con la legislación segundaria correspondiente; a diferencia con las 30 entidades que aún tienen diferentes tipos de atrasos.
Según el Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción:
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas no tienen el proceso de las reformas constitucionales.
Las que tienen reformas constitucionales deficientes son Jalisco, Morelos y Veracruz y Baja California.
Algunos problemas comunes tienen que ver con la integración de los comités de participación ciudadana. En el caso de Morelos, por ejemplo, las agrupaciones critican que se haya establecido que sea el Congreso local el ente que defina a sus miembros, y no una comisión conformada por ciudadanos, como ocurre a nivel nacional.
"Es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos. El CPC lo elige el congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA", precisaron los organismos.
¿Lentas pero seguras las leyes secundarias?
El semáforo anticorrupción advirtió que 24 entidades todavía no cuentan con su respectiva legislación; en tanto que otras tienen iniciativas deficientes como Morelos y regulares como Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que "cuando vemos el nivel de desarrollo institucional de las entidades federativas, la velocidad con la que pueden atender estos temas, la capacidad de procesamiento de las reformas, nos damos cuenta por qué no tenemos un SNA (...) Lo que estamos viendo es la debilidad institucional en nuestros estados".
Esta herramienta busca evaluar el avance de cada entidad, con base en la ley modelo que estas mismas agrupaciones propusieron en diciembre. A partir de ello, se examinan 10 criterios para medir una reforma constitucional y 30 para una legislación local; entre estos puntos se observa de qué manera se plantea integrar los comités de participación ciudadana y si se incorporan o no nuevos regímenes de responsabilidades administrativas para los servidores.
"Es imprescindible que los estados adapten sus propias constituciones, porque estamos en un sistema federal, para establecer las facultades, las funciones y las estructuras a nivel local".
Con información de Expansión
