En diversas sucursales de la empresa en el interior de la República se han presentado varios despachos de abogados, acompañados de especialistas en sistemas computacionales. Dichas visitas tuvieron como fin inspeccionar los equipos de cómputo, y señalaron que no todas contaban con las licencias de software debidas. En tal virtud, conminaron a los encargados a pagar una fuerte cantidad de dinero como ?multa?, misma que tendría que depositarse en una cuenta del propio despacho, y no en favor de alguna autoridad, ¿esto es legal?
Seguramente el despacho acudió a las sucursales en virtud de un convenio que diversas firmas mantienen con la Business Software Alliance (BSA), quien defiende los derechos del sector de la industria del software y de sus socios de hardware, dedicada a fomentar un mundo digital seguro y legítimo. Es decir, que derivado de la inspección y detección de software ilegales se promueva la adquisición de las licencias de uso correspondientes, inclusive a un menor costo.
Por lo tanto, los despachos debieron haber realizado la visita e inspección, con el ánimo de invitarlos a adquirir el software legal que requirieran, mas no pueden sancionarlos, pues la única autoridad facultada para ello es el IMPI, según lo establecido en los artículos 174 y 231 de la LFDA.
