Por Allan Morgan
En México persisten las prácticas violatorias de los derechos laborales, sobre todo en contra de la mujer, ya que muchas empresas e instituciones de gobierno hacen caso omiso de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en cuanto al respeto e igualdad de sus empleados.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), entre las mayores preocupaciones que tienen las féminas en el entorno laboral se encuentra la probabilidad de sufrir violencia, acoso sexual, hostigamiento y maltrato dentro de una organización.
En ese sentido, el organismo indicó que de 2011 a 2014 recibió 1,456 quejas y reclamaciones relacionadas con el ámbito laboral; de esa cifra 309 correspondieron a casos relacionados con embarazo, y 138 a violaciones al derecho de igualdad de género y de oportunidades.
Para el coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez, el problema se deriva de diversos estereotipos de género que aún persisten en todo el país.
“Hay una estructura patriarcal, machista y misógina que hace que se reproduzca (sic) en todos los ámbitos de la vida de las mujeres actos de vejación a sus derechos”, sentenció el funcionario.
Asimismo, mencionó que en los últimos 40 años poco cambiaron las condiciones de trabajo para las empleadas mexicanas, ya que siguen asumiendo labores en condiciones de desventaja.
Según datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país se reportaron 3 millones 835,482 casos de discriminación laboral hacia la mujer.
El documento revela que los principales problemas que enfrenta el sexo femenino en los centros laborales son:
- Pago menor al que recibe un hombre que realiza la misma actividad (1’997,829 personas)
- Falta de oportunidades para ascender (2’048,942 mujeres)
- Recibir menos prestaciones que un hombre con el mismo puesto (1’295,947 féminas)
- Debido al estado civil o a la edad, el salario fue bajo o hubo despido (812,559 personas)
- En el trabajo le solicitaron prueba de embarazo (1’068,306 personas)
Al respecto, la directora general adjunta de quejas del Conapred, Hilda Tellez Lino, precisó que las principales denuncias que recibe el organismo en materia laboral están relacionada con el embarazo, ya que es una constante en las empresas e instituciones públicas el no respetar los derechos de las trabajadoras cuando se encuentran en ese estado.
“Practican una prueba de embarazo antes de entrar a laborar, lo cual es totalmente ilegal, pero a pesar de ello lo realizan; o estando ya en el trabajo y resultan embarazadas las despiden, o le dan la licencia de maternidad pero al reincorporarse a la empresa cesan su actividad, esto con la finalidad de no otorgar los permisos”, aseveró la experta.
En ese tenor, la especialista en psicología organizacional de la UNAM, Adriana Martínez Pérez, señaló que parte de la baja inclusión laboral de las mujeres depende de factores biológicos, ya que la edad reproductiva oscila entre los 20 y 35 años.
Este rubro puede verse reflejado en el estudio del INEGI: de los tres millones de casos de discriminación que registró ese organismo, 1’025,978 correspondieron a mujeres –de entre 25 y 34 años- que presentaron esa problemática, justo la edad promedio en la que se decide la procreación.
Por otra parte, los especialistas coincidieron que prevalece una cultura de desigualdad de género a nivel nacional, ya que -solo por ser mujer- a este sector se le impide ejercer o desarrollar una labor directiva en las empresas.
“En cuanto al colectivo de una sociedad, podríamos mencionar como factores responsables de la discriminación la prevalencia de valores masculinos en todos los entornos laborales. Hay escasez de modelos femeninos que se puedan ir replicando”, indicó la académica de la UNAM.
De hecho, de las 32 entidades del país en 12 localidades se concentra la mayor cantidad de casos de discriminación laboral.
Sin embargo, la frecuencia de este problema y el número de denuncias presentadas no son equiparables, debido al miedo que existe entre la población por las posibles represalias que puede sufrir la trabajadora, incluyendo la pérdida de su empleo.
“Sigue persistiendo en algunos sectores de las mujeres trabajadoras el temor a verse involucradas en un procedimiento de carácter jurídico que les pueda tener una repercusión en el ámbito laboral”, señaló el coordinador jurídico del INMujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez.
De igual forma, comentó que existen diversos esfuerzos para promover mejores comportamientos en las empresas, y fomentar la cultura de la denuncia en caso de que ocurra algún acto discriminatorio.
En concreto, tanto el Conapred como el INMujeres coincidieron en que existe un presupuesto asignado por el gobierno federal para impulsar la equidad de género, no obstante, estas medidas no han logrado revertir los patrones estructurales de discriminación y violencia a los que se enfrentan las féminas.
“Todavía no se ha podido acreditar que el presupuesto del país se ocupe en acciones contundentes a favor de la equidad”, aseveró la integrante del Conapred, Hilda Tellez.
Como se sabe, existen varias estrategias que intentan erradicar este problema tanto en la iniciativa privada como en instituciones públicas, aunque eso no será posible si antes no se fortalecen el marco legal, la cultura de la sociedad, y las políticas públicas.
Mientras tanto, el país seguirá bajo un entorno laboral que obliga a las mujeres a trabajar 60 horas a la semana, con sueldos inferiores a lo que perciben los hombres, situación que vulnera sus derechos humanos.
