Por Ángeles Paniagua
El Tercer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto señala que una de las acciones que realizó su administración para crear un equilibrio entre las organizaciones y los trabajadores que permitiera la armonía laboral en el país, fue la conciliación de 6 mil 593 emplazamientos a huelga por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre septiembre 2014 y junio de 2015.
Aunque esto es positivo debemos meditar sobre la participación gubernamental en la resolución dichos casos y su impacto en los intereses de las empresas y sus colaboradores.
Efectivamente el ejecutivo federal preservó la armonía laboral gracias al consenso alcanzado entre el gobierno, el sector empresarial y las organizaciones sindicales; sin embargo, los acuerdos signados deben salvaguardar la libertad de negociación de las empresas y los trabajadores, poniendo especial cuidado en el respeto del derecho a la huelga de la clase trabajadora, toda vez que éste es un mecanismo por el cual el personal perteneciente a un sindicato puede salvar las condiciones de trabajo establecidas en un contrato colectivo de trabajo, o en su caso, a optimizarlas (arts. 123, apartado A, fracs. XVI, XVII y XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2o., 440, 443 y 446, LFT).
Así las cosas, es pertinente tomar con reserva las cifras proporcionadas en el informe de presidencial, en razón de que se ignoran las condiciones en que se resolvieron los conflictos y los beneficios que realmente abonaron a las partes interesadas.
