El 2017 fue de retos para el gobierno, los patrones y los subordinados: los desastres naturales; un ajuste al salario mínimo; la revisión de un acuerdo comercial relevante para el país, entre otros.
Aunque ese año no fue fácil, en este momento es indispensable que los factores de la producción le den un vistazo para tener una idea objetiva y clara sobre el rumbo de 2018, por lo que Ancelmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) amablemente describe cómo concluyó la economía y los salarios en 2017; explica el contexto del ámbito sindical; comparte su óptica de la iniciativa de cambios al sistema judicial laboral, y alerta al empresariado respecto de aquello que incidirá en el mundo del trabajo.
Preámbulo
En el lapso venidero en el que México se verá inmerso en la contienda electoral de carácter federal, mediante la que se selecciona a un nuevo presidente; asimismo presenta en los campos financiero y laboral enormes desafíos, tanto en el panorama interno, como en el externo.
En 2017 dentro de la República Mexicana apenas creció el consumo y el mercado ligado a exportaciones, las cuales están enrarecidas con la administración del presidente de los Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, que no acaba de sancionar de manera definitiva el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Estos son temas enlazados que determinan aspectos fundamentales de la evolución, la estabilidad de las inversiones, y la seguridad en el trabajo, que se mantienen sin conflictos graves.
Ante la competencia electoral que se espera no traiga nuevas propuestas de política laboral y de progresión económica, se prevé que el crecimiento continúe, aún a pesar de la incertidumbre producida por la inacabada negociación de los equipos de los tres países que conforman el bloque comercial de América del Norte.
Por lo que hace al ámbito internacional el índice de desarrollo se mantendrá por abajo del 3 % y el promedio mundial será de 2.8 % (esto según especialistas del Fondo Monetario Internacional),
Así todo indica que en 2018 el terreno del trabajo se caracterizará por un comportamiento de relativa calma, en un entorno de desempleo, con incrementos salariales limitados y conflictividad laboral localizada; situación que debería ser aprovechada para consolidar una cultura de mayor entendimiento y mejor distribución de la riqueza en la sociedad.
Además se debe tomar en cuenta que aún está pendiente la reforma a la LFT por la cual se deben crear nuevas instituciones que deberán entrar en funciones en el año que inicia.
Es de subrayar que entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017, el crecimiento anual promedio del producto interno bruto (PIB) fue del 2.8 %, superior que el promedio histórico de los anteriores 20 años que fue del 2.4 %.
Economía y salarios
De acuerdo con los pronósticos de algunos de los principales grupos financieros que operan en México, así como otros expertos de instituciones especializadas, la inflación general esperada para 2018, si bien es cierto iniciará con el 5 % o 6 % presionada por el 2017, también lo es que su descenso comenzará tan pronto se aumenten las inversiones productivas durante su primer trimestre y se emprendan las negociaciones salariales, respecto de las cuales se tiene la esperanza de que se mantengan por el nivel de entre 4.5 % y 5 % de incremento en las remuneraciones contractuales.
Es importante observar la existencia de un entorno muy desfavorable, relacionado con la inseguridad en importantes sectores y regiones de este Estado. Fenómeno que ha provocado la solicitud al gobierno federal, por parte de los principales organismos del sector privado, de adoptar medidas más certeras en este rubro; que a decir de dichas instituciones afecta entre el 2 % y el 6 % del PIB.
Cifra muy alta si se considera que nunca se había entrado a una espiral de violencia parecido, que afecta por igual a las compañías y los colaboradores. Esto representa una variable de orden macroeconómico a la cual los analistas internacionales dan seguimiento y recomiendan tomar acciones, a efectos de no impactar negativamente las finanzas.
El 2017 terminó con una gran complejidad aderezada indefectiblemente por los sismos de septiembre, que afectaron terriblemente la economía de zonas enteras, a lo que se suma el desempleo y el decrecimiento financiero de áreas petroleras que se han visto dañadas por la reducción de la industria que antaño generó crecimiento y empleo en el sureste mexicano.
Al cierre de 2017, se logró poco más de 2 % del PIB, en un contexto que no logró el desarrollo esperado de 4.5 % y un casi imposible control de la inflación, así como del índice de precios al consumidor (INPC).
De los cerca de 800 mil empleos adicionados a finales de 2017, solo el 61 % son de tiempo completo y tienen un nivel de ingresos que con esfuerzos permite a un trabajador satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Crecimiento moderado
En 2017 se detuvo la inercia de evolución trimestral de poco más de 1.5 % logrado por el presidente Enrique Peña Nieto, con lo que se vio frenada la creación de empleos; situación que generó la consiguiente presión inflacionaria y la fuerte crítica de los estudiosos externos.
Es de mencionar que en el tercer trimestre de 2017, la actividad económica decreció 0.3 %, de acuerdo con cifras oficiales, mientras que el PIB progresó apenas 1.6 %.
Por otra parte el Banco de México, inmerso en un momento de incertidumbre por su cambio de titular, aseguró que el descenso de las finanzas se debió a la falta de inversión pública, la vacilación derivada de la renegociación del TLCAN y la elevada inseguridad en algunas regiones del país.
No obstante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido el rango de aumento del PIB estimado para 2017 entre 2 y 2.6 %.
El crecimiento del PIB acumulado durante el lapso de enero a septiembre de 2017 fue de 2.2 % anual, pero según cifras desestacionalizadas es de 2.5 %.
La inflación esperada para 2018 está dentro de los rangos de 4 al 5 %; aunque se observa como un porcentaje muy presionado por diversos factores internos y externos.
De ahí, en un balance general que nos permite tener una expectativa clara hacia 2018 debemos mencionar que la progresión de la administración presidencial ha sido del 2.6 % promedio anual desde 2013. Esta cifra en parte se explica por el comportamiento del ámbito de los servicios, mismo que se ha elevado a un favorable ritmo del 3.3 % promedio anual en el periodo aludido.
Los millones de trabajos formados en el mismo lapso son motivo de importante reflexión, pues si bien los números oficiales hablan de la generación de poco más de un millón de puestos al año, estos son algunos que se han formalizado, y otros que no alcanzan ingresos que permitan a los asalariados salir de los rangos de pobreza; por eso las fuertes críticas desde EUA y Canadá hacia la política de contención salarial existente en México.
Panorama del ámbito laboral sindical
Las expectativas de crecimiento para 2018, aunque inciertas, son del orden del 3 %; por lo que los institutos indicados buscarán que esto se vea reflejado en la generación de puestos, así como en el incremento del poder adquisitivo de las percepciones.
No se puede pasar por alto que como sucedió en ejercicios anteriores, en los primeros meses de este año las presiones por la elevada inflación, también se pueden convertir en una bandera de los sindicatos; esto sumado al hecho de que se ha registrado la mayor inflación en los últimos 10 años, casi llega al 7 %.
Lo anterior es el marco de referencia para que dichos organismos gremiales demanden aumentos salariales cercanos o superiores que el índice inflacionario o similar al índice de precios de la canasta básica; tanto del final del 2017, como del esperado en este 2018.
En tiempos recientes el rubro salarial ha sido motivo de importantes debates, pero la negociación de dicho concepto es un punto de escasa conflictividad sindical, debido a que las representaciones obreras desde hace mucho abandonaron su carácter reivindicativo, para transformarse en entes moderados, ocupados en actividades políticas; algunos se han preocupado por lo relativo a la productividad y el trabajo decente, y casi ninguno, detona un debate acerca del valor del empleo, en donde se aporten nuevos argumentos para una mejor distribución del capital.
Incluso el tópico de las remuneraciones no produce conflictos abiertos y confrontaciones en los sectores que llevan decenios gozando de contrataciones ricas en prestaciones y elevados o mejores ingresos, pero han visto mermado su poder adquisitivo.
Es viable adelantar que no se prevén huelgas importantes o numerosas por demandas salariales; no obstante, es importante indicar que el mercado laboral debe seguir teniendo indicios de libertad de revisión e intentar abandonar el estigma de imposición de topes salariales.
Cabe recordar que los mexicanos son los colaboradores peor pagados y con trabajos de más baja calidad en América Latina, de acuerdo con el Índice de Mejores Empleos presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El país se ubica entre los cinco peores Estados de 17 evaluados; ocupa la posición 13 con 50.3 puntos, cifra incluso por debajo del promedio de la región que es de 57.12 puntos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad de los nacionales que trabajan lo hacen desde la informalidad, con una tasa de 57.2 %, según las cifras correspondientes al mes de septiembre de 2017.
Justamente, respecto a este ámbito, México está en la posición 10 con 23 puntos frente a 33.5 puntos de América Latina.
Agendas sindicales sin conflictos graves
Es sabido que en los últimos años dos o tres gremios de subordinados han buscado la confrontación con el empresariado o el gobierno, con resultados aislados y de escaso impacto nacional.
Por este motivo es de esperar que las agendas salariales de las principales dirigencias de las más importantes organizaciones sindicales como Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), intentarán agregar una dosis de significado político para avanzar en sus espacios de control, dominancia y propuesta; además de una posible alianza entre ellas con miras a las actividades electorales de este 2018.
Se recomienda que las negociaciones salariales estén vinculadas de verdad a las evoluciones reales de la productividad, en cada una de las compañías y que se revalore el precio del trabajo motivado en la generación de patrimonio en cada una de ellas.
Así las cosas, para 2018 se espera un acrecentamiento salarial de entre 4.5 % y 5.5 %, algo que deja una cifra por debajo del promedio mundial que se espera sea del 6 %.
Es muy importante que el incremento salarial en las empresas sea un verdadero instrumento de justicia distributiva y tratar de que cada una de ellas rompa la dependencia hacia a las cifras emitidas por el gobierno desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami); ello es particularmente relevante, en virtud de que el descenso impide una evolución real del mercado interno mexicano.
¿Qué trajo la reforma laboral irresuelta?
Esta continúa pendiente; se proyectó que fuera resuelta en 2017, pero son varias las interrogantes que generó y múltiples los actores involucrados en su debate; por lo que aún sigue inconclusa.
La controversia nació en los grupos de interés, a saber: los patrones; los sindicatos de trabajadores, y las autoridades laborales; no obstante, el avance por el momento es insuficiente para lograr un acuerdo que hubiese sido aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es indiscutible que el grupo más ausente es el gremial; pues es el más supeditado al Poder Ejecutivo Federal.
Es relevante subrayar que las discusiones del proyecto de enmienda ha dejado ver la existencia de grupos de empleadores, y de organizaciones sindicales más progresistas, moderados y creativos encaminados a dar pasos hacia un ámbito laboral más transparente, democrático y libre; aunque son los pocos.
Los aspectos clave y destacados de la modificación pretendida, están vinculados a la mejoría de la justicia laboral y su administración, asimismo versa sobre la posible reducción o eliminación de los espacios de corrupción, en los conflictos derivados de los lazos de trabajo.
Desafíos y pendientes
Uno de los grandes rubros aplazados de la economía y la política laboral de 2018 son los señalados a continuación; sin embargo tienen que ser abordados no solo por el Estado, sino también por todos los candidatos contendientes en los procesos electorales a llevarse a cabo.
Esos tópicos son los siguientes:
- continuidad de las reformas estructurales, en particular la energética
- debilitamiento de las inversiones de agentes económicos de EUA hacia México y de las exportaciones hacia EUA
- contención del aumento de la economía informal, pues se impone a la formal en un 58 %
- fortalecimiento de los nexos comerciales con EUA; la Unión Europea, y China, y
- posibilidad de que se anule o termine el TLCAN; si bien es cierto que no sería inmediato o repentino, también lo es que traería aparejada presión sobre: la pérdida de empleo y de cuotas de mercado; la caída de la competitividad; un alto riesgo para inversiones en poco más de la mitad de los estados de la República Mexicana, y la eventual disminución de la inversión extranjera directa
Alerta a los inversionistas
- continuidad de las reformas estructurales, en particular la energética
- debilitamiento de las inversiones de agentes económicos de EUA hacia México y de las exportaciones hacia EUA
- contención del aumento de la economía informal, pues se impone a la formal en un 58 %
- fortalecimiento de los nexos comerciales con EUA; la Unión Europea, y China, y
- posibilidad de que se anule o termine el TLCAN; si bien es cierto que no sería inmediato o repentino, también lo es que traería aparejada presión sobre: la pérdida de empleo y de cuotas de mercado; la caída de la competitividad; un alto riesgo para inversiones en poco más de la mitad de los estados de la República Mexicana, y la eventual disminución de la inversión extranjera directa
Conclusiones
La posible terminación del TLCAN puede representar afectaciones para México de entre 1.5 y 2 % del PIB, lo que en términos prácticos se traduciría en un desempleo de poco más de dos millones de personas; por ende, se debe plantear una nueva agenda de desarrollo financiero para enfrentar la eventual cancelación.
No obstante las expectativas no deben confundir y ello se logra si se separan los puntos positivos de los negativos.
El 2018 presenta severos obstáculos relacionados con la seguridad publica, la atracción de inversiones y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
Por otra parte, la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo federales, es ciertamente constructiva y aunque se renovarán, se abre una ventana de oportunidad para mejores acuerdos internos de economía y política laboral.
Los motores del PIB, por el lado de la demanda, son el consumo privado, la inversión privada, el gasto de gobierno, y las exportaciones netas. Por ello, no hay razón para implementar una nueva estrategia que privilegie un impulso de crecimiento por encima de los demás; más bien, se debe crear una táctica de combinación equilibrada que pretenda, entre otros aspectos, resolver:
- elevar el consumo particular mediante el aumento real de los salarios
- incrementar el acceso al crédito
- ofrecer tasas de interés bancarias competitivas
- evitar la caída de remesas y proponer otros mecanismos redistributivos
- aumentar la inversión privada a través de la promoción del mercado interno, y
- acrecentar el gasto gubernamental en infraestructura y apoyo a las pequeñas empresas (las cuales son las que generan más de la mitad de los trabajos del país).
