La creación de la normatividad será con base en la opinión de los trabajadores, especialistas, empleadores y diversos organismos
La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en materia de justicia laboral, en el que se está a favor de la expedición de la legislación secundaria considerando la opinión de los trabajadores, representantes del sector empresarial, sociedad civil, organismos nacionales e internacionales y especialistas.
Ante ello, el perredista Rafael Hernández Soriano recordó que la reforma en la materia -publicada el 24 de febrero de 2017- mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes para el ejercicio de los derechos.
“Esta propuesta abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos”, señaló.
Asimismo, el legislador Javier Octavio Herrera Borunda señaló que el acuerdo debe reducir los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y los espacios a la corrupción.
“Pongamos las reglas para que se sustituyan las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado para la resolución de conflictos”, aseveró.
El legislador Víctor Manuel Sánchez Orozco explicó que la justicia laboral es una de las materias con más rezago, ya que “en la actualidad existen más de 300,000 juicios y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años”.
En ese sentido, las diputadas Norma Edith Martínez Guzmán y Karina Sánchez Ruiz coincidieron en que la reforma debe reconocer y respetar los derechos; mientras se imparta justicia de manera clara, transparente y sea capaz de lograr un cambio significativo en la forma de conducir las relaciones contractuales.
