La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que es un deber de cualquier persona observar los tratados internacionales en los que México sea parte. Los acuerdos comerciales, aunque tengan el propósito de generar el comercio a nivel global, puede ser que contengan estipulaciones sobre las relaciones de trabajo.
En este contexto, las compañías mexicanas inmersas en el área de interés del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), recientemente ratificado por la Cámara de Senadores, es indispensable que conozcan los compromisos adoptados por el gobierno de la república que inciden en sus lazos laborales.
Según lo señalado por el Senado en el dictamen presentado para aprobación del pleno del TPP, se impactan las exportaciones y las importaciones; se asegura la salvaguarda de diversas denominaciones de origen; se implementan lineamientos sobre propiedad intelectual, marcas, diseños industriales, patentes y derechos de autor, y contribuye a la creación de empleos.
México se obligó a ejecutar acciones en torno a los temas de carácter laboral fundados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); aquellas están previstas en el capítulo 19, Laboral, y de las mismas destacan como deberes de los países involucrados los siguientes:
- la fijación del compromiso de los Estados implicados para adoptar las disposiciones que consagren los derechos de
- libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
- eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y de discriminación sobre empleo y ocupación.
- Respecto del trabajo forzoso, se responsabilidad de los Estados firmantes a no importar mercancías elaboradas en sitios en donde se llevan a cabo esta mala práctica o de los servicios de niños y adolescentes, y
- abolición real de las labores de niños y adolescentes, así como la prohibición de las peores formas de trabajo infantil
- la regulación de condiciones aceptables de los salarios mínimos, las horas de trabajo, así como la seguridad y salud en el trabajo
- no dejar de aplicar o derogar la normatividad nacional
- la conservación de la facultad de los Estados parte, para utilizar el dinero y los recursos destinados a implementar nuevas leyes laborales o fortalecer las existentes. También se comprometen a no aplicar sus normas internas en el territorio de cualquier otra de las naciones firmantes del acuerdo
- la implementación de medidas que alienten a los empleadores a adoptar voluntariamente iniciativas de responsabilidad social
- el establecimiento en la legislación de carácter procesal respecto a que las autoridades jurisdiccionales desarrollen trámites justos, equitativos y transparentes, apegados a la legalidad y que no conlleven costos o plazos irrazonables. En este contexto el TPP fija directrices para los procedimientos de solución de controversias, atribuyéndoles el carácter de garantías procesales, y
- la interacción entre los Estados con base en las reglas de cooperación contenidas en el apartado en comento, a efectos de aumentar las oportunidades para mejorar normas laborales. Derivado de este acuerdo, llama la atención que las naciones se pueden comunicar para abordar temas tales como: la asistencia técnica para tratar cuestiones de protección laboral; la promoción de prácticas innovadoras en los lugares de trabajo; las tácticas para el desarrollo del capital humano por medio de la capacitación; el balance de trabajo-vida; la seguridad y salud en el ámbito laboral; el mejoramiento de la inspección del trabajo, entre otros
Una de las previsiones relevantes del TPP es que los gobiernos de las naciones implicadas asumen la obligación de no fomentar el comercio o la inversión ignorando las prerrogativas del sector de los trabajadores.
El gobierno tiene el compromiso de acatar el TPP y aquí se han marcado algunos de los elementos que configurarán la razón de ser de las políticas y acciones estatales a que los patrones y sus trabajadores se enfrentarán en el futuro.
