La etapa de elección del titular de la Administración Pública Federal genera, en muchos casos, incertidumbre en los protagonistas de la macroeconomía, por la estrategia que el presidente electo seguirá; en la ciudadanía, la molestia por ser la fiesta del sistema de partidos ya tan desacreditado y desesperanza porque es inevitable que esté en medio de una guerra de promesas, que en la realidad no se materializan.
No obstante, es necesario asumir que son tiempos de reflexión porque, guste o no, el gobierno federal cambia de manos y en ellas recae la responsabilidad de hacer propicio el mercado laboral; por lo que ante un tema de esencia social, la población no puede ignorar las ofertas que pululan, porque ello les permitirá saber hacia dónde los aspirantes a la representación de aquel dirigirán esta área tan importante.
En este sentido, amablemente Ancelmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone las propuestas de tres de los contendientes de los partidos políticos más importantes por la silla presidencial.
Preámbulo
El próximo 1o. de julio se llevarán a cabo las elecciones federales y locales en México, a decir de los expertos, las de mayor importancia en los años recientes. Se espera la participación de casi 87.9 millones de ciudadanos, los cuales integran el listado nominal de electores, en la cual por primera vez participarán casi seis millones de jóvenes.
El total de personas movilizadas para organizar y vigilar los comicios será de casi 1.4 millones, entre propietarios y suplentes.
Se elegirá al presidente de la república, los senadores y los diputados federales; además a nueve gobernadores y otros 2,768 cargos no federales.
En relación con los aspectos que afectan la gestión de las empresas surge el cuestionamiento: ¿cómo se generarán las políticas públicas que contribuyan a crear empleo decente en esta nación? El mercado laboral mexicano es tomado muy poco en cuenta por los candidatos; sin embargo, sí han emitido proposiciones, planteado puntos en las plataformas de sus partidos y realizado promesas en campaña.
El poder legislativo ha quedado en deuda con los patrones y trabajadores, porque no se aprobó la reforma a la LFT que deja inconclusa la enmienda de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de febrero 2017, relativa al tema de la justicia laboral y disminución de la corrupción en el campo laboral que tanto daño hace a las compañías y a la administración de los recursos humanos, así como a la solución de conflictos en esta materia.
Nuestro país cuenta con poco más de 52 millones de colaboradores y 67 % percibe menos de tres salarios mínimos, los más bajos de América Latina. Además es de particular importancia cómo desarrollar las políticas de remuneración para una más justa distribución de la riqueza nacional.
También es relevante tener presente cómo podrían verse afectados los modelos de negocio en este país, con las propuestas de los candidatos a la presidencia de aquel.
Es imprescindible que los lectores y electores en potencia estén atentos a los planteamientos y las acciones que deriven en un mayor ejercicio de los derechos humanos laborales, la no discriminación en el trabajo, como son: más libertad sindical, con acciones de transparencia de las organizaciones sindicales y un eficaz ejercicio de la negociación colectiva, así como las políticas que favorezcan la productividad de los negocios.
A continuación se hace una breve reseña de las propuestas más destacadas presentadas en los discursos y sus documentos alusivos de tres de los candidatos a la titularidad del poder ejecutivo del gobierno mexicano, derivados del sistema de partidos, y aparentemente, con posibilidades reales de llegar a ocupar el cargo de presidente de la nación. El orden es alfabético.
Candidatos y sus planteamientos
Ricardo Anaya
Titular de la coalición Por México al Frente compuesta por los partidos Acción Nacional (PAN); de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.
El candidato visualiza un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social del mercado orientada al crecimiento con equidad, inclusión y bienestar, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias, comunidades y que las personas se desarrollen plenamente, de acuerdo con el programa “Desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad” publicado en el sitio web del candidato presidencial.
Anaya presentó su propuesta de ingreso universal de elevar el salario mínimo a 100 pesos diarios, y duplicarlo en cuatro años.
José Antonio Meade Kuribreña
El representa a la coalición Todos por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
La plataforma del PRI está basada en la necesidad de mantener el modelo económico y social vigente bajo el supuesto de que dará resultados en un futuro. Su principal activo es la estabilidad macroeconómica de México.
Su coalición tiene como candidatos plurinominales a representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM,); Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y de la organización de maestros del partido Nueva Alianza, así como los designados por el sindicato de trabajadores petroleros y al servicio del Estado. Tiene al apoyo de los gremios obreros agrupados en el Congreso del Trabajo.
Andrés Manuel López Obrador
Abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia compuesta por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES).
Asegura que su ejemplo será suficiente para que la honestidad, desparramada desde la cima de la pirámide gubernamental, se extienda por todos los individuos del sector público.
El proyecto de este candidato no está en contra de la globalización. Busca que los beneficios de un país abierto al mundo se distribuyan de manera más equitativa.
Anuncia no aumentar impuestos ni crear nuevos y una política de “baja inflación” entre otras medidas; fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia.
No serán cómplices de ningún tipo de sindicato que hoy simule una representación que no tiene.
Entre sus aliados se encuentra el representante del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia quien también es candidato al senado, lo cual está en duda ya que hasta ahora, aunque falta la última palabra del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acerca de la postulación, porque ha sido impugnada y el proceso esta sin resolverse.
En cuanto al sindicalismo, ofrece respetar la autonomía de todas las organizaciones de trabajadores, además de hacer obligatorio el voto libre y secreto en la selección de representantes gremiales, indicando que se analizarán las llamadas reformas estructurales como la laboral.
Ha propuesto a la licenciada Luisa María Alcalde para ocupar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pues fue incluida en la propuesta de su gabinete, y en voz de ella, ha fijado diversas ofertas.
No obstante, a continuación se señalan los aspectos particulares de las ofertas de los candidatos.
| Candidato |
Propuesta |
Ricardo Anaya |
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José Antonio Meade |
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| Candidato | Propuesta |
Andrés Manuel López Obrador |
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Notas (1): El orden de las propuestas se determinó por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno para efectos de presentación en esta revista; por tanto no pretende refleja alguna tendencia o preferencia
Conclusión
Se aprecia que las propuestas pueden o no tener impacto en el campo laboral y económico productivo de las organizaciones.
En las plataformas electorales casi no se utiliza “trabajo digno o decente”, lo cierto es que las promesas de los candidatos implican: generar nuevas modalidades de subsidios, hasta tópicos de bienestar para todos: otorgar sueldos a ninis mientras se laboran; darle 1,200 pesos mensuales a las jefas de familia; conceder un reconocimiento jurídico a los servicios domésticos; incrementar el salario mínimo.
Lo sorprendente es que ningún partido o coalición haga referencia a la enmienda constitucional de 2017 ni a la necesidad de adaptar la LFT en relación con dicha reforma laboral tan importante.
Se debe recordar que la LFT, desde 2012 expresamente señala: “Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” y también que “se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta la dignidad del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”.
Agrega que: “El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”.
Justo es expresar que los candidatos deberían ser más específicos en sus propuestas de cómo generar y distribuir el valor económico que generan las organizaciones, pero también deberían preocuparse por el valor social del trabajo que afecta a los desempleados y a los colaboradores con bajos salarios y lejos de un sistema adecuado de pensiones y de seguridad social. Es decir deberían los candidatos atender la demanda de generar trabajo decente, tal como lo manda la CPEUM y la LFT, como los empresarios grandes y medianos y pequeños están haciéndolo día con día.
