Propuestas en materia laboral de los presidenciables

La visión que tienen los candidatos a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en el campo de las relaciones de trabajo
Ancelmo García Pineda
Asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo

La etapa de elección del titular de la Administración Pública Federal genera, en muchos casos, incertidumbre en los protagonistas de la macroeconomía, por la estrategia que el presidente electo seguirá; en la ciudadanía, la molestia por ser la fiesta del sistema de partidos ya tan desacreditado y desesperanza porque es inevitable que esté en medio de una guerra de promesas, que en la realidad no se materializan.

No obstante, es necesario asumir que son tiempos de reflexión porque, guste o no, el gobierno federal cambia de manos y en ellas recae la responsabilidad de hacer propicio el mercado laboral; por lo que ante un tema de esencia social, la población no puede ignorar las ofertas que pululan, porque ello les permitirá saber hacia dónde los aspirantes a la representación de aquel dirigirán esta área tan importante.

En este sentido, amablemente Ancelmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone las propuestas de tres de los contendientes de los partidos políticos más importantes por la silla presidencial.

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 .  (Foto: IDC)

Preámbulo

El próximo 1o. de julio se llevarán a cabo las elecciones federales y locales en México, a decir de los expertos, las de mayor importancia en los años recientes. Se espera la participación de casi 87.9 millones de ciudadanos, los cuales integran el listado nominal de electores, en la cual por primera vez participarán casi seis millones de jóvenes.

El total de personas movilizadas para organizar y vigilar los comicios será de casi 1.4 millones, entre propietarios y suplentes.

Se elegirá al presidente de la república, los senadores y los diputados federales; además a nueve gobernadores y otros 2,768 cargos no federales.

En relación con los aspectos que afectan la gestión de las empresas surge el cuestionamiento: ¿cómo se generarán las políticas públicas que contribuyan a crear empleo decente en esta nación? El mercado laboral mexicano es tomado muy poco en cuenta por los candidatos; sin embargo, sí han emitido proposiciones, planteado puntos en las plataformas de sus partidos y realizado promesas en campaña.

El poder legislativo ha quedado en deuda con los patrones y trabajadores, porque no se aprobó la reforma a la LFT que deja inconclusa la enmienda de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de febrero 2017, relativa al tema de la justicia laboral y disminución de la corrupción en el campo laboral que tanto daño hace a las compañías y a la administración de los recursos humanos, así como a la solución de conflictos en esta materia.

Nuestro país cuenta con poco más de 52 millones de colaboradores y 67 % percibe menos de tres salarios mínimos, los más bajos de América Latina. Además es de particular importancia cómo desarrollar las políticas de remuneración para una más justa distribución de la riqueza nacional.

También es relevante tener presente cómo podrían verse afectados los modelos de negocio en este país, con las propuestas de los candidatos a la presidencia de aquel.

Es imprescindible que los lectores y electores en potencia estén atentos a los planteamientos y las acciones que deriven en un mayor ejercicio de los derechos humanos laborales, la no discriminación en el trabajo, como son: más libertad sindical, con acciones de transparencia de las organizaciones sindicales y un eficaz ejercicio de la negociación colectiva, así como las políticas que favorezcan la productividad de los negocios.

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 .  (Foto: IDC)

A continuación se hace una breve reseña de las propuestas más destacadas presentadas en los discursos y sus documentos alusivos de tres de los candidatos a la titularidad del poder ejecutivo del gobierno mexicano, derivados del sistema de partidos, y aparentemente, con posibilidades reales de llegar a ocupar el cargo de presidente de la nación. El orden es alfabético.

Candidatos y sus planteamientos

Ricardo Anaya

Titular de la coalición Por México al Frente compuesta por los partidos Acción Nacional (PAN); de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

El candidato visualiza un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social del mercado orientada al crecimiento con equidad, inclusión y bienestar, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias, comunidades y que las personas se desarrollen plenamente, de acuerdo con el programa “Desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad” publicado en el sitio web del candidato presidencial.

Anaya presentó su propuesta de ingreso universal de elevar el salario mínimo a 100 pesos diarios, y duplicarlo en cuatro años.

José Antonio Meade Kuribreña

El representa a la coalición Todos por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

La plataforma del PRI está basada en la necesidad de mantener el modelo económico y social vigente bajo el supuesto de que dará resultados en un futuro. Su principal activo es la estabilidad macroeconómica de México.

Su coalición tiene como candidatos plurinominales a representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM,); Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y de la organización de maestros del partido Nueva Alianza, así como los designados por el sindicato de trabajadores petroleros y al servicio del Estado. Tiene al apoyo de los gremios obreros agrupados en el Congreso del Trabajo.

Andrés Manuel López Obrador

Abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia compuesta por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES).

Asegura que su ejemplo será suficiente para que la honestidad, desparramada desde la cima de la pirámide gubernamental, se extienda por todos los individuos del sector público.

El proyecto de este candidato no está en contra de la globalización. Busca que los beneficios de un país abierto al mundo se distribuyan de manera más equitativa.

Anuncia no aumentar impuestos ni crear nuevos y una política de “baja inflación” entre otras medidas; fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia.

No serán cómplices de ningún tipo de sindicato que hoy simule una representación que no tiene.

Entre sus aliados se encuentra el representante del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia quien también es candidato al senado, lo cual está en duda ya que hasta ahora, aunque falta la última palabra del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acerca de la postulación, porque ha sido impugnada y el proceso esta sin resolverse.

En cuanto al sindicalismo, ofrece respetar la autonomía de todas las organizaciones de trabajadores, además de hacer obligatorio el voto libre y secreto en la selección de representantes gremiales, indicando que se analizarán las llamadas reformas estructurales como la laboral.

Ha propuesto a la licenciada Luisa María Alcalde para ocupar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pues fue incluida en la propuesta de su gabinete, y en voz de ella, ha fijado diversas ofertas.

No obstante, a continuación se señalan los aspectos particulares de las ofertas de los candidatos.

Candidato
Propuesta

Ricardo Anaya

  • Crear un Consejo Económico y Social para generar una autentica planeación democrática de corto, mediano y largo plazo
  • fomentar el desarrollo regional
  • reformar el sistema de pensiones del país
  • instaurar el seguro del desempleo
  • fortalecer la libertad y democracia sindicales; las instancias de defensa de justicia laboral; desmantelar el sindicalismo corrupto (es un punto referido someramente en la plataforma electoral de la coalición)
  • asegurar los derechos laborales de las personas que trabajan en la maquila y realizan tareas en el hogar
  • fijar mecanismos que permitan avanzar en la conciliación de la vida familiar y la laboral
  • repartir una cantidad mensual garantizada por el Estado a cada ciudadano, por el simple hecho de ser mexicano, erradicando así la pobreza extrema y estimulando la economía, y
  • imponer un ingreso básico universal. Comprometiéndose a crear una remuneración digna, decente y suficiente y recuperar su poder adquisitivo

José Antonio Meade

  • Incrementar el sueldo a los profesores mexicanos
  • mantener la paz laboral y la confianza para crear un ambiente propicio a las inversiones y el empleo
  • incentivar una reforma a la legislación laboral
  • seguir con la política de aumentar gradualmente el salario mínimo
  • impulsar una agenda flexible de creación de empleos, formalización, inclusión y mejora de la productividad y el programa Avanzar contigo2
  • crear salario para las jefas del hogar, un paquete para la educación con deducibilidad fiscal para estudios superiores, 100 mil escuelas de tiempo completo y 100 mil con presupuesto propio
  • integrar a las mujeres para que tengan un papel central en su estrategia para la creación, formación y capacitación de empleo
  • establecer guarderías de tiempo completo que haría a través de la certificación de más cuidadores, la ampliación de la red de estancias infantiles y del esquema de entrega de desayunos, y
  • fijar un esquema de seguridad social para las trabajadoras del hogar, con un esquema de deducibilidad de las cuotas para el patrón, por lo que se le regresará todo lo que aporte
Candidato Propuesta

Andrés Manuel López Obrador

  • Remitir como iniciativa preferente al Congreso de la Unión, el retiro de la llamada reforma educativa de toda aquella expresión o norma que "afecte u hostigue" la dignidad de los maestros y sus derechos laborales
  • conceder una pensión universal; becas para universitarios, y salarios a jóvenes que no estudian o trabajan
  • respetar la libertad y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, ellos deciden cómo y cuándo se organizan. Propiciar el fortalecimiento del sindicalismo independiente
  • que las leyes reglamentarias de la reforma laboral constitucional se ajusten estrictamente al contenido y principios de la Carta Magna
  • evitar que las tareas propias del poder judicial no sean sustituidas por el Órgano Nacional Autónomo de Justicia Laboral, cuyas funciones se refieren limitadamente solo a la conciliación y al registro de sindicatos y contratos colectivos. Este no deberá ser tripartito ni admitir en su estructura de gobierno una representación que lo pueda transformar en juez y parte en los procesos
  • que los litigios de los cuales dependa el ejercicio de los derechos laborales, incluso los conflictos por titularidad y por cumplimiento de requisitos para emplazar a huelga o suscribir un contrato colectivo, deben quedar a cargo del poder judicial, manejado con justicia e independencia
  • que los colaboradores tengan garantizada la consulta previa antes de la firma de cualquier contrato colectivo, a través de un procedimiento de voto secreto validado por el poder judicial. Aplicar a ese proceso los preceptos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información para proteger esos mismos derechos laborales
  • mantener los apoyos financieros a las Pequeñas y Medianas Empresas
  • recuperar y fortalecer la función de la inspección de trabajo como un medio idóneo para lograr, por la vía administrativa, el cumplimiento de las normas laborales
  • realizar inspecciones de las condiciones laborales en las compañías, para verificar que la ley se cumpla
  • crear una instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva por rama de industria, a través de espacios de diálogo social y productivo impulsados por el gobierno en el entorno constitucional
  • implementar la certificación de trabajo justo con la finalidad de reconocer de manera pública a los empleadores que cubran salarios dignos a sus trabajadores
  • cuidar que cualquier nueva reforma sobre justicia laboral se ajuste a la modificación constitucional de 2017 y no vulnere los derechos fundamentales de los colaboradores
  • Luisa María Alcalde (la persona señalada por el candidato para ocupar la Secretaría del Trabajo y Previsión
  • Social, en caso de ganar la presidencia de la República) planteó que la subcontratación no debe desaparecer, pero sí deben hacerse valer los candados que ya existen en la ley para regularla, pues la actual administración pública federal no lo ha hecho. En la voz de esta ciudadana el aspirante propone:
  • que sea el poder judicial el que se encargue de la justicia laboral y no las Juntas de Conciliación y Arbitraje
  • buscar realizar incrementos "responsables, parciales y continuos" al salario mínimo en México, que actualmente es de 88.36 pesos por jornada, para poder duplicarlo en seis años, es decir, en 2024, y
  • vincular a los jóvenes que no tienen empleo con empresas de todos los tamaños, para que durante un año sean aprendices, se capaciten, reciban una beca mensual de tres mil 600 pesos por parte del gobierno y posteriormente se incorporen a esas mismas empresas, ya como trabajadores, y
  • elaborar una gran plataforma online para buscar y ofrecer empleo


Notas (1): El orden de las propuestas se determinó por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno para efectos de presentación en esta revista; por tanto no pretende refleja alguna tendencia o preferencia

Conclusión

Se aprecia que las propuestas pueden o no tener impacto en el campo laboral y económico productivo de las organizaciones.

En las plataformas electorales casi no se utiliza “trabajo digno o decente”, lo cierto es que las promesas de los candidatos implican: generar nuevas modalidades de subsidios, hasta tópicos de bienestar para todos: otorgar sueldos a ninis mientras se laboran; darle 1,200 pesos mensuales a las jefas de familia; conceder un reconocimiento jurídico a los servicios domésticos; incrementar el salario mínimo.

Lo sorprendente es que ningún partido o coalición haga referencia a la enmienda constitucional de 2017 ni a la necesidad de adaptar la LFT en relación con dicha reforma laboral tan importante.

Se debe recordar que la LFT, desde 2012 expresamente señala: “Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” y también que “se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta la dignidad del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”.

Agrega que: “El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”.

Justo es expresar que los candidatos deberían ser más específicos en sus propuestas de cómo generar y distribuir el valor económico que generan las organizaciones, pero también deberían preocuparse por el valor social del trabajo que afecta a los desempleados y a los colaboradores con bajos salarios y lejos de un sistema adecuado de pensiones y de seguridad social. Es decir deberían los candidatos atender la demanda de generar trabajo decente, tal como lo manda la CPEUM y la LFT, como los empresarios grandes y medianos y pequeños están haciéndolo día con día.