Los estudios socioeconómicos laborales se caracterizan por recabar gran parte de información de la vida privada de un candidato, dejando al descubierto gran parte de sus datos personales sensibles, así como otros de formato general.
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Se sabe que el objetivo de dicho estudio es corroborar la forma y el ambiente en el que se desenvuelve el postulante, descartando datos falsos o modificados, incluyendo la zona geográfica y condiciones de vida.
Se entiende que las empresas pretendan protegerse de un empleado que pueda abandonar u ocasionar problemas, que le producirán pérdidas por capacitación, inducción y sueldo. Sin embargo, dentro de este proceso debe salvaguardarse el concepto de dignidad humana, es decir, cuidar que no se lleven a cabo violaciones al artículo 1o. constitucional, puesto que se podría prestar a la realización de actos discriminatorios respecto del solicitante.
El artículo 6o. constitucional hace referencia al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, y a su vez, a la protección de datos personales y la vida privada bajo los términos fijados en la ley. Con este procedimiento se hace una invasión de espacios a la vida privada, que incluyen visitas a domicilio, toma de fotografías que ponen en tela de juicio la libertad más íntima.
Si se hace un análisis más minucioso es cuestionable hasta qué punto se considera legal y ético, además si realmente es crucial conocer cómo vive un candidato o qué pertenencias tiene.
Por tratarse de datos personales sensibles como lo marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la empresa que realice por sí o a través de terceros los estudios socioeconómicos laborales, deberán recabar el consentimiento por escrito para su tratamiento, así como la protección adecuada con el fin de evitar multas que se pueden elevar al doble.
