Un grupo de servidores y ex servidores públicos, así como profesionistas y académicos hizo un documento para Andrés Manuel López Obrador y su nuevo gobierno, donde le indican algunas de las problemáticas que enfrentarían las políticas que quiere implementar dentro de la administración pública.
El documento titulado "Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza" está compuesto de 57 páginas.
Ahí explican que el contenido de algunos de los lineamientos que ha propuesto el futuro presidente "ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre las personas servidoras públicas de confianza que forman parte de las diversas instituciones gubernamentales".
Respecto al tema de la reducción de un 70% del personal de confianza el documento identifica dos vertientes las implicaciones legales y las operacionales.
Legales
- De concretarse la propuesta en los términos en que se ha anunciado, traerá aparejada diversas dificultades al ejercicio del servicio público en el ámbito federal, ante la enorme complejidad que implicará pretender ejercer óptimamente las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, estatutarias y normativas que integran nuestro Estado de Derecho.
- En caso de sufrir un recorte abrupto o considerable de las plazas de confianza, en las que recaen el ejercicio de las funciones sustantivas encomendadas al Estado mexicano, a través de los distintos entes públicos que integran el Poder Ejecutivo, ello redundará, si no en una parálisis administrativa del gobierno federal —en sí misma inaceptable para la nueva administración—, sí en continuas y repetidas fallas e incumplimientos a la compleja y basta normativa federal.
- Fallas e incumplimientos que por su propia naturaleza indefectiblemente traen aparejados el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones, las cuales alcanzarían, sin lugar a dudas, a los más altos puestos y niveles jerárquicos.
- Un recorte de la magnitud que se plantea, mediante el cual se pretende que las dependencias y entidades operen únicamente con el 30% del personal de confianza, impactará inexorablemente de manera negativa en la capacidad del Poder Ejecutivo.
- Ante la carencia del personal mínimo indispensable para ejercitar las facultades conferidas a estos puesto que se atravesaría por un impasse —al menos temporalmente— en el que no estarían publicados en el DOF los nuevos Reglamentos Interiores de las dependencias, ni los Estatutos de las entidades, ni muchos menos los Manuales Generales de Organización y Funcionamiento de cada uno de ellos.
- Es altamente probable la generación de un importante volumen de demandas de amparo indirecto por parte de los servidores públicos de confianza de la Administración Pública Federal, por violación a los Derechos Humanos y sus Garantías
Operacionales
- De acuerdo con el Censo de Gobierno 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2016, en la Administración Pública Federal laboraban un un millón 567,000 personas en 319 entes públicos.
- De ese total, el 20.3% ocupa puestos de confianza, es decir, casi 318,000 personas y de ellas, con motivo de la medida propuesta, serían motivo de despido un total de 222,600 personas, con la consecuente desaparición de los respectivos puestos y plazas que ocupan.
- La aplicación de un recorte generalizado del 70% de plazas de confianza en toda la administración pública no estaría sustentado en un análisis de las condiciones específicas para cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo Federal.
- Hay además una lógica administrativa y de prevención de actos de corrupción, inclusive, que prescribe que sean siempre al menos tres niveles que lleven a cabo cada uno de ellos la función de elaborar, revisar y autorizar cualquier acción gubernamental.
- En ese sentido, los mandos asumirán el riesgo de incurrir en responsabilidades al no disponer de la cadena de puestos de mando, al tiempo que fungirán como únicos responsables, generándose con ello en los procesos una excesiva concentración de atribuciones y responsabilidad.
